Cuando niñas, niños y adolescentes van a visitar a su madre o padre a prisión se enfrentan a un sistema que no vela por su integridad y seguridad, incluso, que violenta sus derechos humanos, según afirma el Centro de Apoyo Integral para Familiares de Personas Privadas de la Libertad.
Dicho centro expresa que no existen políticas públicas efectivas que garanticen el bienestar de los menores de edad en el sistema penitenciario, por ello, la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobó algunas reformas y adiciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Hidalgo.
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En ellas se establece que las autoridades deberán emitir y aplicar protocolos de actuación e intervención enfocados a garantizar la seguridad física y psicológica de las niñas, niños y adolescentes que acuden a visitar a las personas en reclusión.
Este derecho sólo podrá ser restringido por resolución del órgano jurisdiccional competente, siempre y cuando no sea contrario al interés superior de la niñez.
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Según la Academia Americana de Pediatría, tener uno de los padres en prisión, es un trauma de la infancia que puede tener consecuencias para la salud y el bienestar durante la vida adulta.
Por ello, en el dictamen aprobado por unanimidad, se responsabiliza a las autoridades estatales y municipales, en los ámbitos de sus respectivas competencias, a procurar brindar atención psicoemocional integral a las niñas, niños y adolescentes cuyas madres, padres, tutores o personas con las que tengan algún vínculo familiar o afectivo, se encuentren en situación de reclusión.
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