La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó un paquete de seis leyes secundarias en materia energética que buscan revertir las reformas implementadas en 2013 durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.
Con estos cambios, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) se consolidan como empresas públicas del Estado, se recupera la soberanía energética y se regula la inversión privada en el sector.
Las reformas establecen un nuevo modelo de fortalecimiento para ambas empresas, sin eliminar completamente la participación privada, pero garantizando que esta se lleve a cabo de forma ordenada y transparente.
“Estas nuevas leyes sustituyen por completo las reformas de 2013 y establecen un esquema de fortalecimiento de la empresa pública. Se deja participación privada, pero de manera ordenada y transparente, sin los mecanismos de antes cuyo objetivo era privatizar absolutamente todo”, explicó Sheinbaum.
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Las seis leyes que serán enviadas al Congreso de la Unión para su discusión y aprobación son:
- Ley de la Empresa Pública del Estado, Petróleos Mexicanos
- Ley de la Empresa Pública del Estado, Comisión Federal de Electricidad
- Ley de Planeación y Transición Energética
- Ley del Sector Eléctrico
- Ley del Sector Hidrocarburos
- Ley de la Comisión Nacional de Energía
Inversión histórica en el sector eléctrico
Uno de los puntos clave de la reforma es un Plan de Inversiones para la CFE con una inversión de 23,400 millones de dólares que permitirá fortalecer la generación, transmisión y distribución de electricidad en el país.
Los recursos se distribuirán de la siguiente manera:
- 12,300 millones de dólares para la generación de 13,000 megawatts
- 7,500 millones de dólares para transmisión
- 3,600 millones de dólares para distribución
- Recuperación de la soberanía energética
Sheinbaum destacó que la reforma no sólo busca fortalecer a CFE y Pemex, sino también garantizar que haya energía suficiente a costos accesibles para el desarrollo del país.
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“Es una reforma muy profunda de la cual nos sentimos muy contentos, porque estamos dando viabilidad al país a futuro, al pueblo de México y la garantía de la justicia energética”, afirmó.
La presidenta enfatizó que con estas modificaciones se garantiza la disponibilidad de energía, mecanismos claros de financiamiento público y una participación privada limitada al 46% en el sector eléctrico, siempre bajo la rectoría del Estado.
Con estas reformas, el gobierno busca no solo revertir las modificaciones de 2013, sino también aquellas implementadas en 1992, consolidando un modelo de gestión energética en el que el Estado mantiene el control estratégico del sector.
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