El municipio de Singuilucan enfrenta una crisis financiera y legal sin precedentes tras la ejecución de un embargo por 21 millones 408 mil pesos en favor de 24 extrabajadores, orden emitida por el Tribunal de Arbitraje del Estado de Hidalgo, derivado de juicios laborales por indemnizaciones y prestaciones pendientes.
La situación se agrava con dos laudos más, cercanos a los 4 millones de pesos, y 70 juicios laborales adicionales aún por resolver. En total, los pasivos laborales podrían ascender a 30 millones de pesos, de acuerdo con información oficial del Ayuntamiento.
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Durante una mesa de trabajo celebrada el miércoles por la tarde en la Sala de Expresidentes de la Presidencia Municipal, el equipo jurídico del ayuntamiento, encabezado por Yazmín Dávila, analizó el procedimiento correspondiente a uno de los cinco laudos más relevantes que enfrenta el municipio.
La presidenta municipal reconoció que esta crisis fue heredada por administraciones pasadas que no dieron cumplimiento oportuno a las resoluciones laborales. “Esto ha puesto a Singuilucan en una situación muy compleja, tanto legal como financieramente. Hemos logrado acuerdos en dos de los cinco laudos, pero aún quedan pendientes uno por 1.7 millones de pesos con reintegración del trabajador y otro por 2.045 millones de pesos”, detalló.
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A estos compromisos se suman otros pasivos preocupantes. El municipio podría enfrentar deudas por hasta 80 millones de pesos relacionados con:
- Adeudos por Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido a trabajadores, estimado en 14.1 millones de pesos
- Cheques por 21 millones de pesos cobrados a nombre del expresidente Marcos Miguel Taboada, sin documentación justificativa
- Recursos operados sin presupuesto por 142 millones de pesos
Por estos últimos casos, ya se integraron carpetas de investigación ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, bajo los expedientes 12-2025-02725 y 12-2025-02726, por los presuntos delitos de peculado y malversación de recursos públicos.
Yazmín Dávila enfatizó que no habrá tolerancia hacia la corrupción ni la impunidad. “Si hubo responsables que hicieron mal uso del dinero, deberán enfrentar las consecuencias conforme a la ley. Estaremos al pendiente de cualquier auditoría o investigación”, concluyó.
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