El 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, es una fecha oportuna para exigir el cumplimiento del derecho humano al trabajo y reafirmar sus fundamentos, por lo que la organización civil Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, busca nutrir el debate público al confrontar ideas erróneas que, a fuerza de repetirse, asevera, se han constituido en mitos que sirven para normalizar, justificar o disfrazar la precariedad laboral y los bajos salarios que producen pobreza.
Romper los mitos también es urgente, pues tienen efectos directos en decisiones del gobierno y del sector privado que afectan al mercado interno, el cual urge fortalecer ante la imposición de barreras a las exportaciones y ante la inminente renegociación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (TMEC).
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A propósito del Día del Trabajo, son cuestionables estas ideas erróneas que circulan casi como dogmas en espacios de análisis económico y financiero; en escuelas de economía, de negocios y de administración; en ambientes empresariales y gerenciales; entre líderes políticos, sindicales y sociales; en la sociedad en general.
Algunas de estas ideas que viene confrontando de una en una y con datos firmes, son:
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- Confundir la desocupación (que afecta a 1.6 millones de personas) con el desempleo completo (que afecta al menos a 7.1 millones de personas) y no ver que la exclusión laboral de género afecta a 13.5 millones de mujeres más que no pueden ni salir a buscar trabajo.
- Creer que el salario promedio del IMSS de 587 pesos diarios (17,857 al mes) es el “punto medio” de los salarios, cuando en realidad la mediana se ubica en 390 pesos diarios (11,842 al mes).
- Afirmar que los bajos salarios son la mejor ventaja competitiva de la economía mexicana.
- Tratar al trabajo como una mercancía y creer que los salarios se fijan de manera “natural” mediante la ley de la oferta y la demanda.
- Pagar salarios bajos para reducir costos, asumiendo que la productividad es hacer más con menos.
- Aprovechar los recursos sin límites para ser más competitivas y maximizar ganancias.
- Creer que la función social de las empresas es crear empleos, sin importar que paguen bajos salarios o no cumplan derechos laborales.
- Creer que las políticas de fomento económico son positivas solo porque generan nuevos empleos, sin importar las condiciones laborales.
- Seguir creyendo que el aumento al salario mínimo (SM) tiene efectos inflacionarios.
- Creer que la diferencia tan amplia entre el SM en la franja fronteriza (12,596 pesos al mes) y el SM general (8,356 pesos al mes) está justificada y aplicar el mismo porcentaje de ajuste anual a ambos.
- Mantener las tablas de retención de impuestos (ISR e IMSS) a los salarios bajos, que gravan de manera desproporcionada ingresos menores o ligeramente mayores al SM.
- Equiparar la informalidad laboral que afecta al 56% de la población ocupada con no pagar impuestos y creer que se resuelve con regímenes fiscales especiales.
- Considerar que las mujeres son las responsables de las labores del hogar y del cuidado de las niñas y niños, personas con discapacidad, enfermas y mayores.
- Culpar a jóvenes fuera de la escuela y sin trabajo porque no quieren trabajar.
- Mantener el acceso a servicios de salud, guarderías, mecanismos de ahorro y crédito para vivienda, como prestaciones laborales y creer que es la única o la mejor opción.
Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha dicho que estas nociones erróneas son la base de narrativas muy difundidas. Algunas tienen fundamentos institucionales en leyes, otras son “máximas” de las escuelas de negocios, algunas son decisiones de políticas públicas, algunas más son prejuicios muy difundidos en la sociedad.
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Este 1º de mayo, a 10 años de su creación, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza reitera sus ideales y garantiza que dará continuidad al “Índice de la Tendencia laboral de la pobreza”, en caso de que la nueva legislación, que culminará la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza (Coneval), no lo incluya como parte de las nuevas responsabilidades del INEGI.
Asimismo, coordinarse con otras organizaciones civiles y espacios académicos para mantener datos e información que difundía Coneval, en materia de medición de la pobreza y evaluación de políticas y programas sociales, en caso de que se pretenda desaparecerlas.
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