El camino para una transición energética justa en México enfrenta diversos desafíos relacionados con las vulnerabilidades sociales, acceso justo y equitativo a las energías renovables, la velocidad de llegada de nuevas inversiones industriales e, incluso, pérdida de empleos, consideran expertos.
Lo anterior tiene que ver con el estado de Hidalgo si tomamos en cuenta que somos sede de la refinería Miguel Hidalgo y la termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, ambas en jurisdicción de Atitalaquia, aunque erróneamente se diga que están en Tula (municipio vecino), además de la hidroeléctrica Fernando Hiriart Balderrama, en Zimapán.
Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de todas las noticias al instante
En ese contexto nos allegamos información del foro de análisis y colaboración multisectorial que realizó la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, denominado: Transición Energética, Desigualdades y Movilidad Social, donde se presentaron los hallazgos de cuatro estudios sobre la transición energética, impulsados por la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y la Delegación de la Unión Europea (UE).
Así mismo se abrieron paneles de discusión con la participación de figuras como Rodrigo Parral, director general de Política y Proyectos de Productividad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y Rodolfo Osorio, coordinador de Electromovilidad y Transición Justa de la Secretaría de Energía.
SIGUE LEYENDO: Poder Judicial debe ser garante de derechos
Los resultados generados a partir de esta colaboración entre actores internacionales para la creación de políticas públicas efectivas, destacan la necesidad de que el gobierno establezca una serie de medidas para lograr que la transición energética sea inclusiva y equitativa.
En el estudio «Transición energética justa en México: vulnerabilidades, impactos y claves para la equidad», realizado por el Instituto de Desarrollo Energía y Ambiente (IDEA), se mostró que los impactos de una misma acción de transición energética son diferentes en cada estado dependiendo de sus características propias, pobreza, empleo, gobernanza y capacidad de adaptación local.
Aquí no debemos perder de vista para Hidalgo, que los proyectos de la presente administración federal gubernamental consideran revertir el uso de combustóleo en la termoeléctrica, así como terminar la coquizadora de la refinería, a fin de aminorar la contaminación ambiental.
Por ejemplo, el retiro de centrales fósiles podría afectar de manera diferente a Guerrero debido a la alta incidencia de pobreza en este estado, comparado con Coahuila con menor incidencia, pero alta dependencia de la extracción de carbón.
En la investigación también se encontró que las mujeres, pueblos originarios y comunidades rurales, enfrentan una vulnerabilidad desproporcionada.
“Es fundamental que las políticas públicas consideren las características de cada estado o municipio y el tipo de vulnerabilidad, prestando atención a las brechas existentes, como la de género y pobreza, para evitar que la transición las exacerbe. En particular, se debe asegurar la representación de las mujeres y comunidades indígenas en los procesos de consulta, el acceso a la información en un lenguaje accesible y considerar sus necesidades energéticas durante todo el proyecto”, señaló Marco Jano, subdirector de Investigación de IDEA.
TE PUEDE INTERESAR: Reclamamos nos devuelvan a los desaparecidos; aplaudimos a los verdugos
Diego Castañeda, autor del estudio «Simulación del impacto en el empleo y la desigualdad de la transición energética en México», analizó los efectos de la transición energética en el empleo y la distribución del ingreso bajo varios escenarios al año 2030.
El académico encontró que, aunque la transición generará un saldo positivo de empleos a nivel nacional, su impacto será desigual entre sectores, regiones y grupos sociales, por lo que se requieren políticas focalizadas para garantizar una transición verdaderamente justa e inclusiva.
Castañeda señaló que la transición energética tiene un impacto neutro a nivel nacional en la distribución del ingreso. No obstante, es a nivel regional donde se presentan impactos distributivos: con estados potencialmente ganadores como Sonora o Oaxaca, o perdedores como Coahuila y Veracruz.
A nivel general, el impacto en empleo de la transición es pequeño, produciendo unos 60 mil nuevos empleos relacionados a la transición, entre directos, indirectos e inducidos y unos 20 mil empleos perdidos entre la generación de energía con combustibles fósiles (termoeléctrica Francisco Pérez Ríos). El impacto neto en el mercado laboral en 2030 es de aproximadamente 40 mil empleos.
SIGUE LEYENDO: Precariedad laboral y los bajos salarios que producen pobreza
¿Cómo garantizar que la transición energética sea justa?
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) presentó el estudio «Transición energética justa, desigualdad estructural y movilidad social en México», en el cual se enfatizó que la transición energética en México puede agravar desigualdades si no se prioriza la justicia distributiva y la movilidad social.
“El acceso a energía asequible y confiable es esencial para el desarrollo y crecimiento económico. Para una transición energética justa, se debe priorizar el impulso a la movilidad social, inclusión económica y sostenibilidad ambiental, asegurando que el acceso a fuentes de energía renovable genere oportunidades y equidad”, consideró Alejandro López-Feldman, uno de los autores del trabajo de investigación.
- Colapsa túnel clandestino en Otumba: al menos seis personas sin vida
- Desmantelan toma clandestina con 10 mil litros de combustible en Tlaxcoapan
- La perversión en lo virtual se nota en lo real
