La división del futbol mexicano es inminente. Aliados en un solo fin, un bloque de equipos poderosos en la cancha, mejor conocido como el G8, y los equipos de la Liga de Expansión, están desafiando la zona de confort de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y un bloque encabezado por el América, que ha mantenido el control del balompié mexicano por décadas, y que privilegia mayormente lo extradeportivo.
No se trata solo de temas económicos, es una lucha por lo que sucede en la cancha, la equidad en la toma de decisiones que, según los inconformes, tiene como prioridad alimentar los intereses comerciales de unos pocos sobre el desarrollo del fútbol.
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El G8 está integrado por los clubes Pachuca, Chivas, León, San Luis, Monterrey, Tigres, Juárez y Toluca. Representan a equipos con solidez deportiva y una visión de profesionalizar el futbol mexicano, alejándolos de lo que consideran un control excesivo por parte de la FMF y sus aliados mediáticos, principalmente Televisa y TV Azteca.
Según publicaciones de “expertos” en futbol, estos clubes buscan transparencia en la gestión, desde la selección de jugadores hasta la asignación de recursos económicos, cuestionando la influencia de los patrocinadores en decisiones deportivas.
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El G8 no solo cuestiona la falta de claridad en la FMF, también señala a un sistema donde los clubes de primera división, especialmente los más influyentes económicamente como el América, dominen decisiones que afectan a todo el entorno del futbol mexicano.
Por ejemplo, la designación de Mikel Arriola concentra un poder que, según los críticos, bloquea cualquier diálogo equitativo. Esta centralización, combinada con el hecho de que los clubes de la Liga de Expansión solo tienen un 5% de los votos en la Asamblea General de la FMF, limita la capacidad de los equipos de segunda división para influir en decisiones trascendentales.
En la Liga de Expansión, el descontento es mayor. Diez equipos: Atlante, Atlético La Paz, Cancún FC, Atlético Morelia, Cimarrones de Sonora, Alebrijes de Oaxaca, Mineros de Zacatecas, Venados FC, Leones Negros y Tampico, iniciaron una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para exigir el regreso del ascenso y descenso, suspendido desde 2020.
Aunque Atlante, Alebrijes, Cimarrones y Jaiba Brava se retiraron, los seis clubes restantes mantienen la presión, argumentando que la ausencia de este sistema no solo frena su desarrollo deportivo, sino que también afecta sus finanzas, la planificación de infraestructura y los acuerdos de transmisión.
El argumento central es que la FMF incumple el Artículo 12 BIS de sus propios estatutos, que establece el derecho al ascenso por mérito deportivo. Los clubes denuncian que el proceso de “certificación” para ascender es una barrera artificial.
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Por ejemplo, la FMF asegura que el ascenso está “abierto”, pero solo dos equipos han sido certificados en cinco años, y ninguno cumple con el requisito de ser campeón de campeones, según la propia Federación. Los demandantes, como Alberto Castellanos de Leones Negros, han calificado este proceso como una “farsa”, señalando que clubes de la Liga MX, como el América, no cumplen con los mismos estándares que se les exigen, como jugar en estadios certificados.
Además, los equipos de Expansión denuncian represalias económicas. Desde 2020, recibían un subsidio anual de 20 millones de pesos como compensación por la suspensión del ascenso, financiado con multas a los clubes de la Liga MX con menor puntaje.
Sin embargo, tras la demanda al TAS, la FMF retiró este apoyo a los clubes inconformes, una medida que Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, justificó como parte de las cláusulas del acuerdo de 2020. Los clubes argumentan que este subsidio no es un favor, sino un derecho, y su suspensión es una sanción ilegal por exigir justicia deportiva.
El América, junto con otros clubes de la Liga MX y las televisoras, forma un bloque que, según los críticos, se opone al regreso del ascenso y descenso para proteger sus intereses económicos, lo cual contradice la ola de memes en redes sociales donde se acusa al Guadalajara de acabar con el descenso.
La suspensión de este sistema en 2020, justificada por la crisis económica de la pandemia, permitió a los clubes de primera división evitar la pérdida de valor de sus franquicias. Por ejemplo, equipos como Mazatlán FC, pese a su respaldo económico, han acumulado multas millonarias por bajo rendimiento sin riesgo de descenso, lo que fomenta la mediocridad, según los demandantes.
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Este bloque también ejerce control sobre aspectos clave como la calendarización, el arbitraje y las transmisiones televisivas. La centralización de los derechos de televisión en la Liga de Expansión, que prometía ingresos equitativos, fracasó.
En 2025, la liga optó por permitir que cada club negocie sus propios acuerdos, tras una recaudación menor a la esperada, lo que profundizó la desigualdad entre equipos. En cuanto a la selección nacional, los clubes de Expansión y el G8 critican que las decisiones sobre convocatorias y patrocinios están influenciadas por los intereses de los clubes más poderosos y las televisoras, no por el mérito deportivo.
Otro punto de conflicto es el arbitraje. La percepción de favoritismo hacia los grandes clubes, como el América, ha sido un tema recurrente. Los clubes de Expansión señalan que la FMF no garantiza imparcialidad, y la falta de un sistema de ascenso y descenso elimina la presión competitiva que podría equilibrar estas decisiones.
Además, la multipropiedad, prohibida por el Artículo 5 de los estatutos de la FMF, sigue siendo tolerada, como en el caso de Orlegi, dueño de Atlas y Santos Laguna, lo que refuerza la percepción de conflictos de intereses.
El conflicto trasciende lo deportivo. El senador José Clemente Castañeda ha calificado la suspensión del ascenso como un “atropello al mérito deportivo” y planea llevar el caso al Senado, argumentando que el fútbol es un asunto de interés público que no debe ser controlado por intereses privados.
Esta intervención podría marcar un precedente, como la reforma de 2024 para la equidad salarial en el fútbol femenil. Además, los clubes de Expansión destacan que la falta de ascenso limita el desarrollo regional, el turismo y la generación de empleos en comunidades donde el fútbol es un motor económico.
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La resolución del TAS, esperada para finales de 2025, podría ser un punto de inflexión. Si los clubes de Expansión logran el regreso del ascenso y descenso, el fútbol mexicano podría recuperar competitividad, pero enfrentaría resistencia de los clubes de la Liga MX que se benefician del sistema actual.
El G8, por su parte, busca una reestructuración más amplia, incluyendo mayor transparencia en la FMF y una distribución equitativa de recursos. Sin embargo, el bloque liderado por América y las televisoras no cederá fácilmente el control sobre un negocio que genera millones.
Este conflicto no es solo una disputa entre directivos. Es una lucha por el alma del fútbol mexicano: ¿debe priorizar el mérito deportivo o los intereses comerciales? Los aficionados, los jugadores y las comunidades locales merecen un sistema que no sacrifique la pasión por el cálculo económico. El balón está en la cancha del TAS, pero el resultado dependerá de cuánto estén dispuestos los rebeldes a pelear.
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