Lo que tienes que saber
- Ante estos hechos, la Asociación Regional de Profesionales de la Comunicación (AREPROC) emitió un comunicado oficial en el que manifestó preocupación por lo ocurrido, al considerar que la filtración y difusión de imágenes representa una posible vulneración a los derechos humanos y a la presunción de inocencia del comunicador.
- AREPROC condenó la difusión del material y solicitó a las autoridades investigar el origen de la filtración, así como reforzar los protocolos internos de manejo de información, con el fin de evitar prácticas que puedan vulnerar derechos fundamentales.
- El posicionamiento fue emitido en Tula de Allende, Hidalgo, el 5 de febrero de 2026, donde la asociación reiteró su respaldo a la defensa de la dignidad, la seguridad y el respeto a los derechos de quienes ejercen labores de comunicación.
La detención del comunicador Miguel M., ocurrida en Tula de Allende, generó pronunciamientos dentro del gremio periodístico, donde el principal señalamiento se centra en la presunta agresión y exposición pública contra un integrante de los medios de comunicación.
El periodista Miguel M. fue detenido por policías municipales por la presunta comisión de una falta administrativa. Tras el arresto, comenzaron a circular fotografías del momento de la detención, material que fue difundido públicamente en distintos espacios digitales.
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En medio de la difusión del caso, en redes sociales y espacios de opinión también se le ha señalado y vinculado con terceros y proyectos informativos, sin que exista confirmación oficial sobre su relación formal con dichas plataformas.
Ante estos hechos, la Asociación Regional de Profesionales de la Comunicación (AREPROC) emitió un comunicado oficial en el que manifestó preocupación por lo ocurrido, al considerar que la filtración y difusión de imágenes representa una posible vulneración a los derechos humanos y a la presunción de inocencia del comunicador.
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El organismo subrayó que, aunque cualquier persona debe responder ante la ley por actos que constituyan una infracción, la exposición pública de detenidos por faltas administrativas puede derivar en estigmatización, revictimización y afectar la integridad personal y profesional, especialmente cuando se trata de integrantes del gremio periodístico.
AREPROC condenó la difusión del material y solicitó a las autoridades investigar el origen de la filtración, así como reforzar los protocolos internos de manejo de información, con el fin de evitar prácticas que puedan vulnerar derechos fundamentales.
El posicionamiento fue emitido en Tula de Allende, Hidalgo, el 5 de febrero de 2026, donde la asociación reiteró su respaldo a la defensa de la dignidad, la seguridad y el respeto a los derechos de quienes ejercen labores de comunicación.
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