Lo que tienes que saber
- De acuerdo con lo expuesto, pobladores han presentado oficios y solicitudes formales ante instancias estatales, autoridades municipales, la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Gobernación, con documentos que datan de febrero de 2024 a enero de 2026, sin que —aseguran— exista una respuesta clara sobre los impactos ambientales y sociales, ni sobre los peritajes realizados.
- Las comunidades han señalado que no se oponen al desarrollo ni a la generación de energía limpia, pero demandan transparencia, consulta previa real y certeza jurídica, debido a que el territorio forma parte de una región con reconocimiento internacional y aún mantiene prácticas tradicionales, como la labor de los tlachiqueros.
- Añadió que, si existe presencia de población indígena, la ley exige la realización de una consulta indígena, y afirmó que la postura de la población es válida, por lo que el gobierno federal dará seguimiento para garantizar el cumplimiento del marco legal.
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió sobre las dudas crecientes del parque fotovoltaico que se prevé en Hidalgo, impactando a Epazoyucan y Singuilucan.
La construcción de un parque fotovoltaico de más de 800 hectáreas en tierras agrícolas de Epazoyucan y Singuilucan abrió un nuevo frente de debate entre desarrollo energético y derechos comunitarios. Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre las inquietudes de habitantes, ejidatarios y comunidades indígenas que denuncian falta de información sobre el proyecto.
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El planteamiento fue realizado por el reportero Héctor Latema, quien expuso que la zona donde se pretende instalar la infraestructura es territorio dedicado al cultivo de maguey, actividad que sostiene la economía local y representa un elemento de identidad cultural y tradición ancestral.
De acuerdo con lo expuesto, pobladores han presentado oficios y solicitudes formales ante instancias estatales, autoridades municipales, la Comisión para el Desarrollo Sostenible de los Pueblos Indígenas del Estado de Hidalgo y la Secretaría de Gobernación, con documentos que datan de febrero de 2024 a enero de 2026, sin que —aseguran— exista una respuesta clara sobre los impactos ambientales y sociales, ni sobre los peritajes realizados.
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Las comunidades han señalado que no se oponen al desarrollo ni a la generación de energía limpia, pero demandan transparencia, consulta previa real y certeza jurídica, debido a que el territorio forma parte de una región con reconocimiento internacional y aún mantiene prácticas tradicionales, como la labor de los tlachiqueros. Entre los temores destacan posibles riesgos ecológicos, la pérdida de actividades productivas y transformaciones permanentes en su forma de vida.
Ante el cuestionamiento, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo respondió que, al tratarse de territorio ejidal, ningún proyecto puede instalarse sin la aprobación de los ejidatarios. Añadió que, si existe presencia de población indígena, la ley exige la realización de una consulta indígena, y afirmó que la postura de la población es válida, por lo que el gobierno federal dará seguimiento para garantizar el cumplimiento del marco legal.
El proyecto ha sido señalado previamente por autoridades estatales como parte del séptimo paquete de inversiones en energías limpias, con el que se busca fortalecer la infraestructura eléctrica, promover desarrollo regional y generar empleos.
Según estimaciones oficiales, el parque podría abastecer electricidad a 490 mil 734 hogares y reducir aproximadamente 738 toneladas de dióxido de carbono, impacto ambiental equivalente a retirar cerca de 28 mil automóviles de circulación.
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Mientras el proyecto avanza en el terreno administrativo y técnico, el debate en la región se mantiene entre la promesa de energía sustentable y la exigencia de garantizar derechos territoriales, ambientales y culturales.
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