Pulque, tierra y paneles: identidad frente al progreso

Lo que tienes que saber

Argumentan que la instalación masiva de paneles solares no solo transformaría el paisaje, sino que implicaría el desmonte de magueyales, nopaleras y ecosistemas endémicos que sostienen tanto la biodiversidad como la economía campesina local, en una región donde el maguey no es solo cultivo, sino identidad cultural y memoria productiva.
El proyecto contempla una inversión de 6 mil 460 millones de pesos y, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, permitiría abastecer la demanda energética de 490 mil 734 hogares, además de reducir 378 mil toneladas de dióxido de carbono.
En la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum sentenció que tratándose de un ejido, ningún proyecto puede llevarse a cabo sin la aprobación de los ejidatarios, y añadió que, si existe población indígena involucrada, la consulta debe realizarse conforme a lo que establece la ley.

Desde 2023, habitantes, asociaciones civiles, colectivos ambientalistas, tlachiqueros y ejidatarios de los municipios de Singuilucan y Epazoyucan han colocado en la agenda pública una preocupación que, lejos de diluirse, ha cobrado mayor visibilidad: la instalación de un parque fotovoltaico, debate resurgió con fuerza luego de que el proyecto fuera mencionado en la conferencia matutina del martes 17 de febrero, encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

No se trata únicamente de una discusión técnica sobre generación eléctrica. Es, en esencia, un conflicto que confronta dos visiones de desarrollo: una que privilegia la transición energética y la atracción de inversión privada; y otra que pone el acento en la protección del territorio, la biodiversidad y la continuidad de prácticas productivas tradicionales como la del maguey y el pulque.

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Bajo el nombre “Color del Maguey”, los inconformes han realizado marchas pacíficas en Epazoyucan, Pachuca y Ciudad de México para informar sobre los posibles impactos del proyecto. Argumentan que la instalación masiva de paneles solares no solo transformaría el paisaje, sino que implicaría el desmonte de magueyales, nopaleras y ecosistemas endémicos que sostienen tanto la biodiversidad como la economía campesina local, en una región donde el maguey no es solo cultivo, sino identidad cultural y memoria productiva.

El proyecto contempla una inversión de 6 mil 460 millones de pesos y, de acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Económico de Hidalgo, permitiría abastecer la demanda energética de 490 mil 734 hogares, además de reducir 378 mil toneladas de dióxido de carbono. Desde la óptica gubernamental, se trata de una apuesta estratégica: forma parte del séptimo paquete de inversiones del estado y se presenta como una oportunidad histórica para detonar empleos, infraestructura y acceso a energías limpias.

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Sin embargo, el colectivo “El Maguey, la Casa de Todos” ha advertido que los megaproyectos de este tipo conllevan impactos estructurales sobre el suelo y el agua; señalan que la modificación del terreno podría alterar zonas de recarga de acuíferos, incluyendo el Tulancingo V, que ya enfrenta una situación crítica. También alertan sobre la cercanía con la Laguna de Tecocomulco, considerado el último humedal natural del Valle de México.

El antecedente de Malpaís, en el municipio de Calpulalpan, Tlaxcala, es citado con frecuencia por los opositores. A seis años de la instalación de un parque similar, afirman, el ecosistema local ha sufrido transformaciones severas, con alteraciones en los patrones de lluvia y pérdida de cobertura vegetal.

Desde el ámbito institucional, los titulares de las secretarías de Desarrollo Económico y de Agricultura y Desarrollo Rural de Hidalgo han insistido en que el proyecto no representa daños al campo ni a los productores. Sostienen que las inquietudes ciudadanas han sido atendidas y que la transición hacia energías limpias es un imperativo global que no puede posponerse.

El conflicto no parece radicar únicamente en los posibles impactos ambientales, sino en el proceso de socialización del proyecto. Los inconformes demandan una consulta pública, libre e informada, similar a la realizada en Atitalaquia, Tula y Tlaxcoapan para la construcción de un Parque Ecológico y de Reciclaje. Argumentan que, hasta ahora, la socialización se ha limitado a ejidatarios que ya rentaron sus tierras, dejando fuera al resto de las comunidades.

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En la conferencia matutina, Claudia Sheinbaum sentenció que tratándose de un ejido, ningún proyecto puede llevarse a cabo sin la aprobación de los ejidatarios, y añadió que, si existe población indígena involucrada, la consulta debe realizarse conforme a lo que establece la ley.

La discusión, por tanto, trasciende el dilema entre energía limpia y conservación ambiental y cultura. El desafío para las autoridades no es solo demostrar la viabilidad técnica del parque fotovoltaico, sino garantizar que el proceso sea transparente, incluyente y respetuoso de los derechos colectivos.