Lo que tienes que saber

  • En un kínder de Tizayuca una maestra fue acusada de maltratar a sus alumnos, los menores contaron que los encerraban y amarraban, una madre de familia acudió al plantel a golpear a la docente, por su parte, autoridades la han suspendido.
  • En un posicionamiento oficial, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que, como medida de protección para las y los estudiantes, la docente señalada fue separada de sus funciones de manera inmediata tras recibir el señalamiento directo de los padres de familia.
  • Asimismo, reiteró que no se tolerará ningún tipo de violencia dentro de los espacios educativos y que se actuará contra quien resulte responsable, en apego a los protocolos establecidos para garantizar la seguridad, el bienestar y el respeto de los derechos de la comunidad escolar.

En un kínder de Tizayuca una maestra fue acusada de maltratar a sus alumnos, los menores contaron que los encerraban y amarraban, una madre de familia acudió al plantel a golpear a la docente, por su parte, autoridades la han suspendido.

La polémica estalló en el Jardín de Niños Rosaura Zapata, ubicado en el fraccionamiento Villa Magna, en Tizayuca, Hidalgo, luego de que circularan videos donde una madre de familia agrede físicamente a una maestra tras acusarla de presuntamente “amarrar” y “encerrar” a alumnos como medida disciplinaria.

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De acuerdo con las grabaciones difundidas, la mujer ingresó al salón de clases y confrontó a la docente frente a otros padres. En las imágenes se observa cómo la jalonea y golpea mientras se narra lo que ocurre, por lo que se sabe que la edad de los menores es de tres años.

Separan a la docente mientras se investiga

En un posicionamiento oficial, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo (SEPH) informó que, como medida de protección para las y los estudiantes, la docente señalada fue separada de sus funciones de manera inmediata tras recibir el señalamiento directo de los padres de familia.

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La dependencia indicó que la separación permanecerá vigente hasta que se deslinden responsabilidades, y subrayó que la actuación se rige por el interés superior de la niñez.

Asimismo, reiteró que no se tolerará ningún tipo de violencia dentro de los espacios educativos y que se actuará contra quien resulte responsable, en apego a los protocolos establecidos para garantizar la seguridad, el bienestar y el respeto de los derechos de la comunidad escolar.

Acusaciones

Las denuncias surgieron luego de que algunos menores comentaran en sus hogares que la maestra utilizaba métodos físicos para controlar la conducta en el aula. Padres de familia difundieron en redes sociales que los niños habrían sido sujetados o aislados como castigo.

Sin embargo, no se han presentado pruebas documentales públicas que acrediten de manera independiente las acusaciones. Tampoco se ha confirmado la existencia de una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado de Hidalgo por presunto maltrato infantil.

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La supervisión escolar fue notificada y se inició un procedimiento interno para revisar tanto las acusaciones contra la docente como la agresión cometida por la madre.

Investigación también por la agresión

El caso no sólo involucra los señalamientos de posible maltrato, sino también la violencia ejercida dentro del plantel. La legislación estatal contempla sanciones por agresiones cometidas en instalaciones educativas.

Hasta el momento, no se ha informado si la maestra presentó denuncia por los golpes recibidos ni si la madre enfrentará cargos. Tampoco se han detallado públicamente los plazos de la investigación administrativa.

Comunidad exige claridad

El incidente ha generado posturas divididas en redes sociales: mientras algunos usuarios respaldan a la madre bajo el argumento de proteger a su hijo, otros cuestionan el uso de la violencia y sostienen que cualquier inconformidad debe canalizarse por vías legales e institucionales.

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Padres de familia del plantel han solicitado que las autoridades esclarezcan los hechos con base en pruebas y testimonios formales, y que se garantice tanto la protección de los menores como el respeto a los derechos del personal docente.

Escuelas del país han reforzado mecanismos para prevenir, detectar y atender posibles situaciones de maltrato infantil, subrayando la necesidad de investigaciones imparciales, que eviten juicios anticipados y prioricen la seguridad de la infancia.

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