Lo que tienes que saber
- El expediente 436/2023 radicado en el juzgado primero de distrito en Hidalgo señala que los alegatos de la policía fueron fundados, toda vez que la presidencia municipal de Tulancingo vulneró la garantía de audiencia.
- “A la quejosa se le dio de baja a partir del uno de marzo de 2023, sin mediar procedimiento administrativo, pues no obra constancia de que hubiera sido citada con antelación a su baja como elemento de seguridad pública municipal”, señala el documento.
- Al señalar que no procede la reinstalación de la policía, el documento agrega que “únicamente se debe resarcir de manera integral el derecho del que se vio privada, mediante el pago de la indemnización”.
Por violentar la garantía de audiencia que derivó en una separación injustificada del cargo, la presidencia municipal de Tulancingo deberá indemnizar salarios caídos acumulados durante tres años a una policía de la dirección de Movilidad y Transporte del municipio, los cuales suman 153 mil pesos.
Esto, luego que la mujer ganó un amparo por la separación del cargo en marzo de 2023.
El expediente 436/2023 radicado en el juzgado primero de distrito en Hidalgo señala que los alegatos de la policía fueron fundados, toda vez que la presidencia municipal de Tulancingo vulneró la garantía de audiencia.
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El juzgado concluyó que la autoridad municipal dio de baja al agente a partir del 1 de marzo de 2023 sin cumplir con las formalidades del procedimiento. Aunque existía un proceso ante la Comisión de Honor y Justicia, este se inició el 10 de marzo, es decir, con posterioridad a que la policía dejara de percibir su salario.
“A la quejosa se le dio de baja a partir del uno de marzo de 2023, sin mediar procedimiento administrativo, pues no obra constancia de que hubiera sido citada con antelación a su baja como elemento de seguridad pública municipal”, señala el documento.
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Por tanto, “la violación a los derechos humanos deriva al no respeto de las garantías de audiencia y legalidad en perjuicio de la quejosa, en su carácter de elemento adscrito a una corporación”.
Al señalar que no procede la reinstalación de la policía, el documento agrega que “únicamente se debe resarcir de manera integral el derecho del que se vio privada, mediante el pago de la indemnización”.
En consecuencia, “engloba tres meses de salario y veinte días por cada año de servicio”, de acuerdo a las prestaciones, así como vacaciones, prima vacacional y aguinaldo.
Dicho en otras palabras, “las autoridades responsables como la presidenta municipal, la directora de recursos humanos y el secretario de Seguridad Ciudadana se encuentran vinculados a cubrir la indemnización constitucional”.
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La actual presidenta municipal, Lorena García, tomó posesión del cargo en septiembre de 2024, por lo que la policía fue dada de baja en la anterior administración local; sin embargo, la actual alcaldesa deberá de cubrir la indemnización, de lo contrario podrá ser multada.
Además se dará inicio al incidente de inejecución de sentencia, mismo que podrá concluir en la separación de su cargo y su consignación ante un juez penal por incumplimiento del fallo.
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