“Pronto se queda en Hidalgo”, así de contundente fue el mensaje de la empresa de servicio de taxi por aplicación que ya ofrece su servicio en Tulancingo y que desde hace semanas ha anunciado su arribo a Pachuca, la capital del estado.
En una clara afrenta, Pronto, que presume ser una empresa mexicana de tecnología que ofrece servicios de transporte privado y entregas a domicilio a través de su aplicación móvil, desafió en sus redes sociales al gobierno estatal, alegando que con su postura la autoridad busca quitar “el derecho a movernos libremente”.
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“Pero NO nos vamos a dejar. Vamos a defendernos LEGALMENTE”, se lee en el comunicado de la empresa, en donde además subraya que a sus conductores: “Los vamos a respaldar en TODO”.
La respuesta del gobierno estatal también ha sido implacable. A través de la Secretaría de Movilidad y Transporte en Hidalgo (Semoth) se advirtió que las empresas que ofrecieran el servicio de traslados sin autorización podrían ser acreedoras a multas de 500 y hasta 650 veces la unidad de medida y actualización. Además, podrían ser denunciados y castigados con 2 a 5 años de prisión y el pago de una multa.
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No es la primera vez que una empresa de transporte por aplicación intenta operar en Hidalgo. En tiempos del gobernador Omar Fayad, Uber lo intentó y fracasó a pesar de una larga lucha en tribunales, que terminó en 2023 cuando el Poder Judicial desechó el último amparo presentado por Uber. Palabras más palabras menos, la resolución sostuvo que la Ley de Movilidad y Transporte estatal no permite la operación de plataformas de transporte.
Desde entonces, hasta la incursión de Pronto en Tulancingo a finales del año pasado, ha seguido latente la entrada de plataformas, que gozan de alta aceptación en otras latitudes. Para no ir tan lejos, en la Ciudad de México pedir un Uber es algo tan cotidiano que hasta causa extrañeza decir que en Hidalgo sigue prohibido, a pesar de que estamos a menos de 100 kilómetros de distancia.
Parece que es cuestión de tiempo de que estas opciones de transporte operen en Hidalgo. El gobierno estatal, que se ha mantenido reacio al cambio en materia de transporte y en específico en la modalidad individual privada, no ha movido un milímetro su postura, lo cual se antoja difícil que pueda mantenerse incluso a mediano plazo.
Hidalgo no es una isla y el gremio de los taxistas parece que quiere vivir como si siguiéramos en la década de 1980. Los comentarios en la publicación de la empresa Pronto son un ejemplo de la frustración que causa que un servicio tan malo como el de los taxis locales persista, y que los choferes sigan cobrando lo que se les antoja porque nunca han respetado ni el tarifario, ni mucho menos la aplicación que intentó echar a andar el gobierno de Omar Fayad y que simplemente nunca funcionó.
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¿Hidalgo seguirá por los siglos de los siglos con taxis prestando el servicio en mal estado, funcionando como colectivos, cobrando tarifas arbitrarias y con choferes cafres y groseros? Parece que la población no está dispuesta a tolerar esta situación, y hoy surge una empresa que parece decidida a dar la batalla legal.
Veremos en próximos días en qué termina esta segunda parte de una batalla por abrir el servicio de transporte, a una opción que ha ganado simpatías porque se ha subido a la ola tecnológica y a la flexibilidad laboral.
Los gobiernos, porque este no es un conflicto exclusivo de Hidalgo, deben aprender a adaptarse y no aferrarse a un modelo caduco como la única opción para una entidad que no es ajena a los cambios globales. Al tiempo.
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