Cerca de 150 evangélicos han sido expulsados de sus hogares en Huejutla de Reyes debido a su negativa a colaborar con labores comunitarias de la iglesia católica, una obligación impuesta por los usos y costumbres locales.
Este conflicto ha generado una situación crítica en las comunidades de Coamila y Rancho Nuevo, donde las familias afectadas, miembros de la Iglesia Bautista Fundamental “La Gran Comisión”, se han visto forzadas a abandonar sus hogares y buscar refugio en el Auditorio Municipal.
Margarita Cabrera Román, directora de Asuntos Religiosos del gobierno de Hidalgo, abordó la situación en rueda de prensa.
Cabrera explicó que la raíz del problema radica en los usos y costumbres de la región.
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Cabrera Román destacó que los desplazados han mostrado disposición para cumplir con las obligaciones comunitarias, proponiendo un plan de pagos para solventar las faenas.
Señaló que el gobierno estatal está trabajando en el caso y que se han establecido Mesas de la Transición para facilitar el diálogo y la resolución del conflicto.
En cuanto a las medidas de apoyo a los afectados, la directora mencionó que se les ha brindado atención a través del Instituto Hidalguense de Educación para Adultos, con la entrega de certificados multigrado, y se les ha proporcionado agua y alimentos por parte del gobierno estatal.
Sin embargo, la situación es crítica y la incertidumbre sobre el futuro de estas familias persiste.
El conflicto, que se remonta al 25 de marzo cuando el pastor Rogelio Hernández Baltazar y otros dos creyentes fueron retenidos en la cárcel comunitaria de Coamila, ha escalado a niveles alarmantes, con invasiones de terrenos, destrucción de cosechas, y agresiones físicas graves contra los evangélicos.
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A pesar de un acuerdo alcanzado tras 48 horas de diálogo, este fue ignorado, lo que llevó a la situación actual de desplazamiento forzado.
Desde 2015, el caso Coamila ha sido recurrente en esta región de Hidalgo, donde la comunidad mayoritariamente católica ha rechazado la presencia de otras religiones, restringiendo derechos fundamentales como el acceso a la educación, el agua y los programas gubernamentales.
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