Los escombros espaciales de SpaceX, de Elon Musk, cayeron en Tamaulipas, México, autoridades anunciaron que evalúan emprender acciones legales.
La reciente explosión de un cohete Starship de SpaceX, ocurrida en el sur de Texas, ha generado repercusiones políticas y medioambientales en México, luego de que restos del artefacto cayeran en playas del estado de Tamaulipas. Ante las denuncias de daños ecológicos y la protesta de activistas, científicos y funcionarios, el gobierno mexicano, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, anunció que analiza acciones legales internacionales.
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“Lo estamos revisando, todo lo que tiene que ver con el lanzamiento de cohetes que están muy cerca de nuestra frontera”, dijo Sheinbaum en conferencia de prensa. Advirtió que, si SpaceX violó alguna norma internacional, se harán “las demandas necesarias que tengan que hacerse”.
Por su parte, SpaceX respondió mediante un comunicado difundido en su cuenta oficial de X (antes Twitter), donde aseguró que no existe ningún riesgo para el área circundante. Según la empresa de Elon Musk, “pruebas independientes de toxicidad” realizadas a los materiales del cohete confirman que no presentan riesgos químicos, biológicos ni toxicológicos.
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El texto también afirma que, como en cada prueba, se estableció una zona de seguridad alrededor del sitio, y que los escombros —que consideran propiedad tangible de SpaceX— no han podido ser recuperados debido a la intervención de personas no autorizadas que habrían invadido terrenos privados en territorio mexicano.
SpaceX indicó que ha solicitado asistencia del gobierno federal y local en México para recuperar los fragmentos, y ofreció recursos y apoyo para la limpieza, además de solicitar el reconocimiento formal de su derecho a realizar operaciones de rescate.
No obstante, desde Tamaulipas, activistas medioambientales han advertido sobre una posible mortandad de fauna marina, incluidos peces, tortugas y delfines, atribuidos a los restos metálicos hallados en las playas de municipios como Matamoros. También se han difundido imágenes de contenedores y piezas del cohete sobre la costa.
El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, confirmó que se analiza si SpaceX está cumpliendo con las distancias mínimas establecidas internacionalmente para instalaciones de este tipo, especialmente por su cercanía con centros urbanos mexicanos.
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El incidente también ha generado debate en redes sociales, donde se cuestiona la desigualdad de poder entre naciones y corporaciones como SpaceX, cuyo fundador mantiene vínculos con figuras políticas como Donald Trump, y ha expresado su intención de llevar humanos a Marte.
En medio del creciente malestar público, la académica María Elena Álvarez-Buylla Roces, profesora de genética molecular de la UNAM, cuestionó:
“¿Hasta cuándo se permitirá que la avaricia de pocos margine a las mayorías y ponga en riesgo o destruya la vida y nuestro planeta?”
Mientras tanto, SpaceX continúa sus planes de expansión: recientemente obtuvo autorización para incrementar de cinco a 25 sus lanzamientos anuales desde Starbase, su base privada cercana a la frontera con México. En marzo pasado, otra explosión del programa Starship ya había causado interrupciones en el tráfico aéreo desde Florida hasta Pensilvania.
Por ahora, México mantiene abierta la posibilidad de una demanda formal, mientras persiste la controversia sobre el impacto ambiental, legal y geopolítico de las operaciones de la empresa aeroespacial más poderosa del mundo.
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