En Epazoyucan, el ayuntamiento denunció a cuatro exalcaldes por daño de millones al erario, en peculado y uso ilícito de atribuciones.

El Ayuntamiento de Epazoyucan, encabezado por el presidente municipal Carlos Montaño Rodríguez y la síndica Luz Elena Estrada Ubilla, presentó una denuncia formal contra cuatro exalcaldes por los delitos de peculado, uso ilícito de atribuciones e incumplimiento de un deber legal.

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La querella se deriva del incumplimiento en la devolución de un terreno a un particular, mismo que fue utilizado por la administración panista (2016-2020) para la construcción de un bulevar sin concluir el proceso de restitución acordado. Como resultado, la actual administración se vio obligada a cubrir una indemnización por 3.5 millones de pesos, recurso que estaba destinado a obra pública y programas sociales.

La carpeta de investigación número 12-2025-08073 fue iniciada ante el Centro de Atención Temprana (CAT) de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en contra de Raúl Armando Padilla, expresidente municipal y cabecilla de la administración señalada. También fueron incluidos los exalcaldes Omar Padilla Palacios, Fidel Arce Santander y Luis Antonio Montiel Castelán, así como al menos 15 exfuncionarios, entre ellos la exsíndica Luz Reyes Samperio y varios exintegrantes del cabildo 2016-2020.

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De acuerdo con la síndica Estrada Ubilla, el origen del conflicto se remonta a noviembre de 2016, cuando el cabildo acordó con ejidatarios el intercambio de terrenos para construir un bulevar. En ese proceso, dos personas con derecho pleno sobre su tierra habrían pactado la restitución con predios equivalentes, pero el acuerdo no se cumplió.

En marzo de 2022, uno de los particulares afectados inició un juicio civil. La entonces administración respondió al juzgado que desconocía el acuerdo previo, lo cual fue interpretado por el juez como rebeldía jurídica, derivando en una sentencia de restitución inmediata del bien en abril de 2023.

Al persistir la omisión por parte del gobierno municipal, el particular solicitó el pago en efectivo. Los peritos determinaron un costo de 4 millones 570 mil pesos por el predio de 20.18 hectáreas, aunque el ayuntamiento logró negociar una reducción de más de un millón de pesos, fijando la compensación en 3.5 millones, cantidad que fue saldada el 27 de febrero de 2025.

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El presidente Carlos Montaño expresó su preocupación por este quebranto al erario, y explicó que la demanda busca que los responsables respondan ante la ciudadanía, ya que los recursos pagados correspondían a proyectos prioritarios para el municipio.

La denuncia sigue su curso y podría implicar consecuencias legales para los exservidores públicos señalados.

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