Tras años sin respuesta por parte de autoridades, la destrucción del antiguo cementerio y el atrio de la capilla de San Miguel Arcángel, San Gabriel Azteca, Zempoala, llegó a la mañanera de Claudia Sheinbaum: INAH debería hacerse cargo de investigar.
Durante su conferencia matutina del 10 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre un tema que arrastra denuncias desde la administración pasada: la destrucción del antiguo cementerio y el atrio de la capilla de San Miguel Arcángel, en San Gabriel Azteca, municipio de Zempoala, Hidalgo.
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“Le encargamos ahí a Claudia para que lo anote”, respondió Sheinbaum tras escuchar la denuncia del reportero, quien recordó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador había solicitado al director del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto, intervenir. La presidenta añadió que la restauración de templos es una tarea que compete directamente al INAH, y citó ejemplos de intervenciones en Oaxaca, la Ciudad de México y otras regiones del país, financiadas con recursos federales.
Tumbas desechadas, tierra esparcida y patrimonio olvidado
En 2022, habitantes de San Gabriel Azteca denunciaron que el cementerio centenario, junto al templo de San Miguel, fue intervenido sin la autorización del INAH. Según los testimonios, las tumbas fueron removidas, los restos humanos sacados y convertidos en residuos que se mezclaron con tierra y esparcieron por el pueblo, arrojando el excedente a la barranca. Parte de esa tierra —afirman los habitantes— aún está presente en la comunidad.
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El lugar donde reposaban cientos de personas fue transformado en un espacio con pasto, arbustos y alumbrado, sin placas conmemorativas ni rastros visibles de su historia. A los familiares de los difuntos se les pidió hasta $5,000 pesos por exhumar restos o trasladar tumbas, y $2,000 pesos si querían conservar el monumento fúnebre. Las tumbas que no fueron reclamadas fueron destruidas, según los relatos.
Las denuncias señalan directamente al exdelegado Alejandro Zavala, presunto impulsor del proyecto, respaldado por el entonces presidente municipal Jesús Hernández Juárez, quien antes se desempeñaba como tesorero. Los pobladores acusan también un saqueo de objetos valiosos del templo y una completa indiferencia institucional.
En ese momento, organismos como COPRISEH y autoridades ambientales en Pachuca declararon que el problema no era de su competencia, a pesar de que la tierra contaminada con restos humanos fue desplazada sin control. Incluso se ha relacionado la manipulación de esta tierra con un aumento de enfermedades graves entre habitantes, incluida la muerte de una persona con síntomas compatibles con lepra, aunque sin confirmación oficial.
Algunas tumbas con antigüedad de más de 400 años fueron simplemente tiradas, quedando apenas algunas cruces deterioradas con fechas casi borradas por el tiempo. Habitantes mencionan a una arquitecta, con un libro donde documentó el sitio como patrimonio, respaldó que la zona contaba con valor histórico y cultural, pero no se detuvo la destrucción.
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A pesar de múltiples solicitudes, el INAH regional, con sede en Pachuca, no ha dado seguimiento. Hoy, la intervención de la presidenta Sheinbaum representa la primera señal pública de que el caso podría ser retomado por el gobierno federal.
Los habitantes exigen justicia, memoria y reparación, y que se investigue a los responsables de alterar un espacio sagrado bajo promesas que nunca se cumplieron. La historia de San Gabriel Azteca es también la de muchos pueblos que, en nombre del progreso, vieron desaparecer su pasado.
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