Quienes dirigen a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) tienen una habilidad sorprendente para complicar las cosas.
La semana pasada hablamos sobre la recomendación que hizo pública la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), en la que pidió al rector que se disculpara con el alumnado que fue agredido durante la gresca del pasado 19 de septiembre en el vetusto edificio de Abasolo 600.
El organismo defensor de derechos humanos, en voz de su presidenta, Ana Karen Parra, también solicitó que la propia universidad, a través de su contraloría interna, investigue a los funcionarios involucrados en los hechos donde resultaron lesionados no sólo estudiantes, sino también padres de familia que los acompañaban en su protesta, para determinar su responsabilidad.
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La respuesta a la recomendación de la CDHEH vino un par de días después, en voz del director general jurídico de la UAEH, Rafael Hernández, quien argumentó que no se respetó el debido proceso para la emisión de una recomendación, pues la ley establece un periodo de 10 días para contestar y que, en caso de no responder, entonces se hace pública la recomendación.
Es probable que la CDHEH y su presidenta hayan cometido un error procesal, pero esa falta no nos debe distraer del fondo del asunto que es sancionar a quien haya sido responsable de atropellar los derechos humanos de los manifestantes, aquel 19 de septiembre, fecha que además de recordarnos los sismos de 1985 y 2017, ahora nos traerá a la memoria aquel violento episodio de la vida universitaria.
La reacción de la UAEH ya se esperaba, pero fue peor de lo previsto. Ni un ápice de autocrítica, nula sensibilidad con el estudiantado agraviado, que se quedará con las ganas de escuchar una disculpa, que más que un acto jurídico es un acto simbólico, que implicaría para las autoridades universitarias aceptar que no actuaron de forma correcta el 19 de septiembre.
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Y en lugar de rectificar, la casa de estudios inició una andanada legal contra la CDHEH y su presidenta Ana Karen Parra, a quien buscan destituir de su cargo.
Bajo el argumento de que por su autonomía la CDHEH estaría impedida de emitirle una recomendación, las autoridades universitarias pasan por alto el artículo 37 del reglamento de la Ley de Derechos Humanos de Hidalgo, que establece que la Comisión es competente de conocer probables violaciones de derechos humanos cuando éstas hayan sido cometidas por servidores públicos que laboren “en organismos públicos autónomos”.
Además, de que los derechos humanos son inherentes a todas las personas, por lo que no se puede hacer distinción alguna “de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier otra condición”, principio que es superior a la autonomía que argumentan las autoridades universitarias y particularmente Elsa Ángeles, quien sostuvo que la CDHEH no podía emitir una recomendación porque para eso estaba ella, en su caracter de defensora universitaria.
Así las cosas, es previsible que la cúpula universitaria mantenga su postura de nula autocrítica y endurezca su posición frente a la disidencia, que por cierto aprovechó la coyuntura de la Feria Universitaria del Libro para anunciar que el movimiento sigue vivo, alentado precisamente por la cerrazón de las autoridades que dirigen la universidad.
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