A los políticos no les gusta que alguien escriba y publique de qué pie cojean. Les molesta, los saca de sus casillas. Y entonces ceden a la tentación autoritaria y suelen mandar mensajes al mensajero que escribió aquello que los incomoda, lo que generalmente llega en forma de amenaza.

Se trata de un viejo conflicto, que en México encuentra sus antecedentes lejanos en las gestas históricas de la Independencia y la Revolución. Justo en esas luchas que han llevado a que la libertad de expresión hoy se encuentre consagrada en la Constitución mexicana y en tratados internacionales de los cuales nuestro país forma parte.

Por eso cada vez que surge la tentación de acallar a una voz crítica, resulta necesario recordar el valor que tiene la prensa libre para una democracia.

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Hoy el periodista hidalguense Víctor Celaya sufre amenazas que atentan contra su seguridad. Algo que no puede permitirse en una entidad gobernada mayoritariamente por gobiernos emanados de la izquierda. Si en otros gobiernos se cerró el paso a la intimidación, hoy la exigencia debe ser la misma.

En contextos donde los gobiernos intentan acallar voces críticas mediante presiones económicas, amenazas o descalificaciones públicas, la libertad de prensa debe ser defendida como una garantía constitucional irrenunciable. Suprimirla, aunque sea de forma indirecta, representa una regresión autoritaria y un atentado contra el orden democrático.

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Hoy es Víctor Celaya, pero mañana puede ser cualquiera de quienes nos dedicamos a opinar sobre asuntos de interés público.

Por la salud de nuestra democracia, ninguna amenaza o intimidación debe pasarse por alto. Algo que ni siquiera a los políticos que tanto les molesta la crítica les conviene. Porque hoy gozan de un cargo público, pero mañana serán nuevamente parte de la ciudadanía. Esa que merece tener información libre, sin sesgos ni presiones de ninguna clase.