Activistas y habitantes de diversas comunidades de Epazoyucan y Singuilucan, Hidalgo, exigen la cancelación del Megaparque Fotovoltaico (parque solar) para proteger el maguey y su legado ancestral.

Habitantes y activistas de Epazoyucan y Singuilucan han alzado la voz, enviando una enérgica petición a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y a diversas autoridades federales y estatales, para exigir la cancelación definitiva de un proyecto de parque fotovoltaico que amenaza con devastar 442 hectáreas de sus territorios.

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La principal preocupación radica en el impacto sobre la propiedad social (ejidos), la presencia de población indígena, y el reconocimiento de la zona como “Geoparque Comarca Minera” por la UNESCO, un valioso patrimonio geológico, natural y cultural.

Puntos clave de la demanda ciudadana:

Los peticionarios, que incluyen a organizaciones como la Escuelita Tlaxiquera y el Colectivo El Tinacal, fundamentan su solicitud en múltiples violaciones a derechos fundamentales y tratados internacionales:

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  • Derechos indígenas y consulta previa: se invoca el Convenio 169 de la OIT y el Artículo 2° de la CPEUM, subrayando que la existencia de población indígena en ambos municipios exige una consulta previa, libre e informada antes de la aprobación de cualquier proyecto que afecte sus tierras o recursos. Critican la falta de este proceso esencial.
  • Acceso a la información y participación pública: el Acuerdo de Escazú, ratificado por México, garantiza el acceso a la información ambiental y la participación pública en decisiones que impacten el medio ambiente. Los manifestantes denuncian la opacidad y la falta de garantías para quienes defienden los derechos humanos ambientales.
  • Protección del patrimonio campesino y el maguey: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos Campesinos respalda a las personas tlachiqueras, quienes dependen del maguey (Agave salmiana) y la tierra para su sustento, haciendo de Hidalgo el primer productor mundial de maguey pulquero y aguamiel. El proyecto, argumentan, destruiría este oficio ancestral y su base productiva, el metepantle, reconocido por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM).
  • Impacto ambiental devastador: se cuestiona la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, que califica los terrenos como de “escasa cobertura vegetal”, lo cual contradice la realidad de paisajes dominados por el maguey. Advierten sobre la eliminación de vegetación nativa, la destrucción del hábitat natural de flora y fauna, la alteración de ciclos hidrológicos, y un inminente ecocidio. Se menciona el antecedente del Parque Fotovoltaico en Malpaís, Tlaxcala, donde se estimó el derribo de miles de ejemplares de encinos y magueyes.
  • Cambio de uso de suelo y despojo territorial: la instalación del parque implicaría cambiar el uso de suelo agrícola a industrial en tierras históricamente dedicadas a la producción de pulque, lo que las haría perder su valor y dificultaría la remediación ambiental a largo plazo. Se denuncian cláusulas desventajosas en los contratos de arrendamiento ejidal, que facilitan el despojo y afectan a la mayoría de los titulares, personas mayores, heredando problemas a sus sucesores.

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  • Promesas incumplidas y conflictos sociales: los opositores señalan que empresas como Atlas Renewable Energy en Nopala de Villagrán no han cumplido con sus compromisos ambientales. Alertan sobre la información confusa, falsas promesas (como descuentos en recibos de luz), la generación de conflicto social y división interna mediante la cooptación de comisarios ejidales, dádivas y hostigamiento. Exigen respeto a las asambleas ejidales como máximo órgano de decisión.
  • Falsos beneficios económicos y migración: se desmienten los supuestos beneficios económicos, afirmando que los empleos generados son efímeros y temporales, forzando la migración de jefes y jefas de familia y jóvenes. Los pagos por arrendamiento no reflejan una remuneración digna ni compensan la transformación irreversible de las tierras. Se menciona el caso de Koyla Desarrollo Renovables S.A. de C.V. en Tula, donde se documentaron abusos y criminalización.
  • Impacto paisajístico y restricción de acceso: el proyecto, con superficies que superarían la extensión urbana de Epazoyucan y Singuilucan, causaría daños ambientales, paisajísticos, sociales y culturales irreversibles, al rodear a las comunidades de miles de hectáreas cubiertas de paneles. Además, se denuncia la restricción de paso a los habitantes y la criminalización de quienes se acercan a las instalaciones.
  • Residuos peligrosos y consumo de agua: se alerta sobre la vida útil de los paneles solares, que al final se convierten en residuos peligrosos, cuya gestión no está garantizada. También se expresa preocupación por el alto consumo de agua para el mantenimiento de las celdas, poniendo en riesgo el preciado recurso hídrico.
Fotos: Oscar Sánchez

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Un llamado urgente por la justicia ambiental y el respeto al territorio

Los firmantes, entre los que se encuentran el Colegiado de Investigación y Cultura Hidalguense y la ENAH (Escuela Nacional de Antropología e Historia), exigen estudios científicos con enfoques sociales y ambientales, realizados por instituciones independientes, y rechazan que se les califique de “desinformados” por defender su territorio.

Reiteran su firme postura: ¡No a la deforestación sistémica! ¡No a la fragmentación del paisaje! ¡No a la alteración de ciclos naturales y la contaminación! ¡No a la manipulación económica y el despojo territorial!

Si bien no están en contra de las energías renovables, enfatizan que la energía solar debe implementarse con información, respeto por el territorio, sus comunidades y habitantes, y en apego a los Objetivos del Desarrollo Sostenible, privilegiando la biodiversidad, las comunidades y la justicia. Urgen la creación de una Ley de Protección al Maguey que garantice la preservación de esta planta sagrada y la labor de los tlachiqueros.

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