Poder Judicial debe ser garante de derechos

Reclaman organizaciones de la sociedad civil, activistas y defensores de derechos humanos, que la próxima integración del Poder Judicial en México debe estar comprometida a la garantía y defensa de los derechos humanos, del medio ambiente y la justicia social, por encima de cualquier interés económico, corporativo y político.

Los y las próximas ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), deben actuar como garantes de derechos de la población mexicana, no como facilitadores de los intereses económicos de una élite que la representan, entre otros, tabacaleras, refresqueras, productoras de ultraprocesados y plásticos, así como las mineras, las cuales son constante amenaza en México.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y entérate de todas las noticias al instante

Isabel Rubio, abogada experta en temas de justicia y salud, AL PASO DE LOS HIDALGUENSES nos observa que, “la SCJN debe cumplir con las obligaciones constitucionales e internacionales que México ha asumido en materia de salud, por lo que urgimos a la implementación de mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, que garanticen una justicia libre de conflictos de interés”.

No soslaya el papel de la SCJN en decisiones que han tenido un impacto favorable en la salud pública, como el etiquetado frontal de advertencia, la regulación del tabaco, las restricciones de la publicidad dirigida a niños, niñas y adolescentes (NNA).

LEE: Avances del AIFA–Pachuca: doble vía, alta velocidad y más de 3 mil empleos

Sin embargo, también alertó sobre la amenaza constante de los litigios y estrategias legales impulsadas por las corporaciones y cámaras industriales, que han logrado frenar y/o revertir algunas de los políticas y proyectos dirigidos a la protección de la salud y el medio ambiente, apoyados en muchas ocasiones, por algunas ministras y ministros de la Suprema Corte, violentando los derechos humanos.

Mientras que Claudia Moreno, oficial de incidencia de Salud Justa, también AL PASO DE LOS HIDALGUENSES nos apunta que, “Salud Justa es testigo directo de cómo las industrias, en específico la tabacalera, han buscado frenar políticas públicas diseñadas para proteger la salud y el bienestar colectivo. La estrategia principal ha sido la promoción de amparos para crear regímenes de excepción a las obligaciones como la protección de espacios libres de humo de tabaco y nicotina, la prohibición total de publicidad, promoción y patrocinio, así como la prohibición de vapeadores.

SIGUE LEYENDO: Ni un paso atrás contra la intimidación y las amenazas

En muchos de estos casos, la decisión final ha estado —y seguirá estando— en manos de la Suprema Corte.

Por ello es indispensable asegurar que quienes resulten electos lleguen al cargo sin conflicto de interés y con plena independencia de poderes políticos y económicos.

Larisa de Orbe, directora de Acción Ecológica, comparte: “La emergencia sanitaria y ambiental que han producido los plásticos en el planeta, concretamente grave en México, y ante la voracidad de las corporaciones que forman parte de toda la cadena de su producción- desde la extracción de combustible fósil, fabricación hasta su desecho- hace apremiante que el nuevo poder judicial de nuestro país esté preparado para enfrentar la interferencia de esta industria y basar sus decisiones en la protección de derechos humanos, la salud y el interés común desde una perspectiva de justicia ambiental, y transparencia y de participación de las comunidades como les obliga el Acuerdo de Escazú”.

A ellas se suma Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, en el llamado a las personas candidatas a la Suprema Corte para mantener su independencia, no solo del poder político, sino también del poder económico.