El proyecto para construir dos plantas fotovoltaicas en los municipios de Singuilucan y Epazoyucan ya provocó un movimiento social en el que grupos de activistas de la región salieron a las calles de Pachuca para manifestar su postura en contra, argumentando falta de claridad sobre los alcances y efectos que tendrá en su entorno.
Por las dimensiones del proyecto, que prevé una inversión de 6 mil 460 millones de pesos y la creación de 440 empleos, la resistencia no debe tomarse a la ligera por el gobierno estatal, que dio por hecho que el proyecto caminaría, pues incluso fue parte del último anuncio de inversiones encabezado por el gobernador, Julio Menchaca.
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Habitantes y productores advirtieron durante la manifestación que la planta implicaría la deforestación masiva de magueyes en terrenos ejidales, lo que traería efectos nocivos para el medioambiente de la región, que expusieron, es hogar de especies de nopal y fauna como el cacomiztle, el tlacuache, el coyote y el murciélago, que a su vez funciona como polinizador.
Es una encrucijada compleja, porque el proyecto tiene lugar en un contexto en que la transición energética es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), conocidos también como Agenda 2030. En particular, esta agenda, que ha suscrito nuestro país y por ende los estados que lo conforman, incluye el objetivo 7, denominado Energía asequible y no contaminante, que busca garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos.
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Y una de las metas es “aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el conjunto de fuentes energéticas” y “ampliar la infraestructura y modernizar la tecnología para prestar servicios energéticos sostenibles en los países en desarrollo”.
Nadie, en momentos de crisis ambiental, podría oponerse a que el estado promueva inversiones que vayan en línea con el objetivo de favorecer la transición energética. Pero, ¿qué sucede cuando esto se contrapone con una comunidad con fuerte arraigo agrícola, identidad cultural propia y una relación profunda con su entorno ambiental?
Sucede que lo que puede ser una solución al cambio climático, entonces se convierte en un nuevo problema si no se escucha a quienes viven en esas comunidades.
No se trata de oponerse al progreso, sino de preguntarse a qué costo y para quién. Muchas veces, las comunidades no se enteran del proyecto hasta que la maquinaria está por llegar. No se les consulta, no se les informa, no se les respeta. En un país como México, donde amplias regiones están bajo propiedad ejidal o comunal, y donde existen pueblos indígenas con derechos, esto es injusto y podría ser ilegal si las cosas no se hacen conforme a la ley.
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¿Qué debería hacer entonces el gobierno? Para cualquier proyecto que afecte directamente a las comunidades, debe hacer una consulta de manera previa, que sea libre e informada, que garantice un proceso real de participación.
También debe asegurarse que se haya realizado una evaluación de impacto ambiental y social seria y transparente. Tiene que medir los posibles efectos en tierras agrícolas, modos de vida, e incluso la modificación de los paisajes y lo que podría ocurrir con el área, sobre todo si sirve como zona de recarga acuífera.
La energía renovable no debería implicar el despojo de las costumbres, de la tierra y la forma de vida de las comunidades. Si la transición energética quiere ser verdaderamente sustentable, tiene que empezar por respetar el territorio y la voz de quienes lo habitan.
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