Jorge Luis Pérez

¡Qué paradoja! Es cierto que en México, y también en Hidalgo, lloramos y reclamamos al o los gobiernos, que nos devuelvan a nuestros familiares o personas desaparecidas, que hagan hasta lo imposible por localizarlas, que no se queden de brazos cruzados, según la percepción más generalizada que se tiene de los servidores públicos, pero al mismo tiempo quienes lloran y reclaman, y también los que no, hacen o hacemos, por hablar en plural, apología del crimen organizado, ese que maneja narcotráfico, huachicoleo, secuestros, extorsiones, robos, asaltos, y en consecuencia asesinan a quienes les estorban o ya no les son útiles. Y enorme cantidad de esas víctimas son las personas desaparecidas en México.

Sí, nos puede causar escozor ver en los periódicos, en los portales de noticias o en la televisión, una fotografía de nota roja bastante evidente, pero al mismo tiempo no decimos nada, y tal vez hasta lo festinamos, al viajar en servicio público cualquiera que sea, y escuchamos narcocorridos y reguetón con lenguaje más que soez, procaz y lépero en agravio de las mujeres. Bueno, también en auto particular las bocinas retumban con ese tipo de entretenimiento.

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Es tan rocambolesco como defender a quienes agreden durante el 8M a personas, comercios e instituciones, a policías mujeres también, y reclamar a través de los medios que el gobierno les dé carta abierta para sus trapacerías, y después exigir se reparen los daños con recursos públicos, y sí por ello no alcanzan los mismos para atender demandas de temas sociales, pues también se vuelve a criticar al sistema.

Casos hay de sobra en los palenques con cantantes que hacen apología del crimen, y ahora que se les ha coartado esa libertad so pena de enfrentar a la ley federal, el público enfurece y reclama los temas de apología del crimen y el lépero reguetón, causando desastres. Y su argumento es: “¡así hablamos todos… no me vengas con que no!

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Pero entre ese público, sin lugar a dudas, hay personas que saben de mexicanos y mexicanas desaparecidas, y no porque se los tragó la tierra. La mayor de las veces son víctimas de actos de extrema violencia por incontables razones. ¡Ahí está la paradoja!

En nuestro país, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que publicó la Secretaría de Gobernación el 14 de marzo de 2025, cada día, 28 personas de entre 0 y 17 años se reportaron desaparecidas, no localizadas o localizadas en México durante 2024.

En Hidalgo hay mil 186 personas desaparecidas y no localizadas entre el 31 de diciembre de 1952 y el 17 de marzo de 2025, de acuerdo con el RNPDNO de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas.

Hidalgo ocupa el puesto 23 de mayor a menor en el índice de desaparición de personas y tiene 84.5% de efectividad en localización de personas. Esta entidad está por debajo de la media nacional en incidencia delictiva, ocupando la posición número 13, de acuerdo con datos de la Secretaría de Gobierno.

Viene a colación lo anterior, porque Laura Álvarez Soto, presentó una iniciativa en la cámara de diputados de la Ciudad de México, para prohibir narcocorridos en escuelas y espectáculos públicos.

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Según estimaciones, al año hay más de 10,000 conciertos y presentaciones de artistas de música regional mexicana, que cantan narco-corridos, los cuales implican una narrativa que glorifica la ilegalidad, presenta al crimen organizado como modelo aspiracional.

Entre 145 mil y 250 mil niñas, niños y adolescentes están en riesgo de ser reclutados o utilizados por grupos delictivos en nuestro país. (REDIM)

La iniciativa legislativa tiene el objetivo de proteger el desarrollo psicoemocional, ético y social de niñas, niños y adolescentes.

De aprobarse se reformaría la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos y la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el fin de prohibir expresamente la reproducción y promoción de narcocorridos en espacios escolares y espectáculos públicos.

En el caso de la prohibición en espectáculos públicos, la sanción a su incumplimiento será la cancelación del evento e incluso la clausura del recinto. Y en las escuelas, las autoridades educativas de todos los niveles deberán supervisar en las instalaciones escolares que en los festivales, presentaciones, actividades académicas y extra académicas no se difunda, promocione, ejecute, transmita, ni publiciten narcocorridos y en general, aquella música que realice apología del delito, por lo que su incumplimiento tendrá como sanción la clausura de la escuela y hasta el retiro del Registro del Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios.

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Laura Álvarez Soto reconoce que, si bien esta medida no resolverá por sí sola el problema de la violencia, sí representa un paso para impedir que las narrativas criminales sigan normalizándose entre los sectores más jóvenes.

En Hidalgo debería la LXVI legislatura secundar ese ejemplo. Pasar de solo criticar al alcalde que le pagó una fiesta de 15 años a su hija con la actuación de un cantante de narcocorridos.

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