Donald Trump celebró una “gran victoria” luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos emitiera un fallo que limita el poder de jueces federales para bloquear medidas del Ejecutivo, permitiéndole avanzar con iniciativas que habían sido frenadas por órdenes judiciales. Entre ellas, destaca su polémico intento de negar la ciudadanía a hijos de migrantes nacidos en 28 estados del país.
La decisión fue aprobada por 6 votos a favor y 3 en contra, en una resolución redactada por la jueza Amy Coney Barrett, nombrada por el propio Trump. El dictamen sostiene que los tribunales federales excedieron su autoridad al bloquear la orden ejecutiva del expresidente republicano, que busca redefinir quién puede ser considerado ciudadano estadounidense.
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Aunque el fallo no resuelve definitivamente las impugnaciones constitucionales sobre la ciudadanía por nacimiento, abre la puerta a una reinterpretación parcial de la 14ª Enmienda, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos son ciudadanos del país y del estado donde residen”. Dicha interpretación ha sido ratificada por la Corte durante más de un siglo.
Con este nuevo respaldo judicial, Trump anunció que reactivará sus políticas migratorias suspendidas, afirmando: “Gracias a esta decisión, ahora podemos recurrir a la justicia para avanzar con estas numerosas medidas”. Entre ellas, su orden ejecutiva que permitiría negar la ciudadanía a hijos de madres indocumentadas o con visa temporal, si el padre no es ciudadano ni residente legal.
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Oposición y críticas judiciales
La jueza Sonia Sotomayor manifestó una enérgica discrepancia con el fallo, calificándolo como “una farsa para el estado de derecho”. Advirtió que permitirle al presidente redefinir de forma unilateral la ciudadanía crearía un sistema desigual de derechos constitucionales, con consecuencias para el derecho al voto, acceso a servicios y protección legal.
Organizaciones civiles y expertos legales han señalado que el fallo representa un precedente peligroso, pues permite al Ejecutivo avanzar con políticas que podrían despojar de derechos a millones de personas nacidas en Estados Unidos, especialmente en contextos de migración irregular.
Según datos de Harvard Law Review, la administración Trump enfrentó más de 64 órdenes judiciales nacionales durante su primer mandato, una cifra histórica que superó por amplio margen las emitidas contra Joe Biden (14) y Barack Obama (12) en periodos comparables. Los críticos sostienen que esta cifra revela una tendencia autoritaria de su gobierno, con intentos sistemáticos de expandir su poder ejecutivo.
Retórica y reacciones políticas
Tras el fallo, Trump arremetió contra sus opositores en redes sociales:
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“Los delincuentes de la izquierda radical están jugando al árbitro con respecto a la Corte Suprema”, escribió en Truth Social, acusándolos de querer intimidar al tribunal. En otra publicación, afirmó que la Corte está “siendo jugada por los perdedores de la izquierda radical”.
La fiscal general Pam Bondi celebró el dictamen como el fin del “aluvión interminable de órdenes judiciales” contra el expresidente. Agradeció al Departamento de Justicia y al procurador general John Sauer —designado por Trump—, asegurando que seguirán defendiendo las políticas presidenciales con firmeza.
Este episodio representa un nuevo giro en la batalla legal por los derechos de ciudadanía en Estados Unidos.
Aunque el fallo no elimina la 14ª Enmienda, sí le otorga al Ejecutivo más margen para avanzar en su agenda antiinmigrante, mientras crece la preocupación entre sectores que ven en esta decisión un riesgo para el orden constitucional y los derechos civiles en el país.
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