Las redadas ordenadas por el presidente Donald Trump podrían provocar el alzamiento de quienes han tenido que vivir por años en las sombras de la sociedad estadounidense.
No se puede vivir en permanente zozobra. Por eso, a raíz de las protestas desatadas desde el pasado viernes 6 de junio en Los Ángeles, California, muchos podrían ver esta crisis como el momento ideal para salir y luchar contra el aislamiento y el miedo.
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Las redadas ejecutadas por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en el Fashion District de Los Ángeles, un almacén mayorista y un Home Depot, que derivaron en más de 100 arrestos —incluyendo a 44 indocumentados— y protestas inmediatas, podría ser la chispa que encienda la pólvora de la rebelión.
Y es que California no es cualquier estado dentro de nuestro vecino país del norte. Por sí solo, California es la quinta economía más grande del mundo. Su poderío no es casual: no podría comprenderse sin la contribución de los migrantes, que son clave en sus sectores estratégicos.
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Ahí están, en los campos agrícolas, en los restaurantes, en los hoteles, en los servicios de cuidados al interior de las familias. También pagan impuestos y generan empleos.
Según el Public Policy Institute of California, más del 35% de la fuerza laboral del estado está compuesta por inmigrantes, quienes también trabajan en sectores de la economía de mayor especialización como la tecnología, la salud y la educación superior.
Esta realidad económica no es reciente. Es fruto de décadas de olas de migrantes cuyas manos han construido la fortaleza económica de California. Otro dato: en la industria agrícola más del 90% de los trabajadores son migrantes, principalmente provenientes de México y Centroamérica. Gracias a ellos funciona el suministro de frutas, hortalizas y otros productos que colocan a California como el principal estado agrícola de EU, según el U.S. Department of Agriculture.
La brutalidad de las redadas y la falta de respeto a los derechos humanos de quienes trabajan y contribuyen a la economía estadounidense han provocado la ira no sólo entre la comunidad migrante, sino incluso en la clase política local.
Después de que las protestas se extendieron a Paramount y Compton, la Guardia Nacional de California fue activada, lo que implicó el envío de unos 300 soldados a las calles, y se declaró alerta táctica por parte de la policía de Los Ángeles. Esto provocó enfrentamientos, daños a propiedad —incluidos vehículos autónomos— e incidentes con balas de goma, gas lacrimógeno y arrestos.
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Este lunes Trump ordenó el envío de 2 mil tropas de la Guardia Nacional y hasta 700 marines activos a Los Ángeles sin consentimiento del gobernador Gavin Newsom, lo que ya desató una nueva crisis política en Estados Unidos, pues desde hace seis décadas no se llevaba a cabo una acción militar de ese tipo sin previa autorización estatal.
En respuesta el gobernador Gavin Newsom respondió tildando estas acciones como un “acto ilegal”, una “ficción autoritaria” y anunció que demandará a Trump por vulnerar la soberanía estatal. Como era de esperarse, el presidente republicano contraatacó, cuestionó la gestión de Newsom, acusándolo de incompetente y sugirió que podría ser arrestado por su “falla” en contener el caos.
Al conflicto se sumó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, quien repudió las redadas y el despliegue militar, denunciando que las tácticas siembran terror en una ciudad orgullosa de su comunidad migrante.
A Trump poco le importa ese orgullo que sienten los californianos, quienes se han distinguido por su apertura a los migrantes y quienes saben de su gran aportación a la economía. Trump debería pensar dos veces antes de pisotear a los migrantes en California. En una de esas, se le revierte su cada vez más raquítico apoyo popular y, de paso, logra hacer más fuerte al movimiento político en su contra.
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