Desde cualquier perspectiva, es lamentable lo que ocurrió durante las manifestaciones del 8M en Pachuca, donde, según datos oficiales, hubo tres personas arrestadas y 20 mujeres policías que resultaron heridas.
Sobre los hechos identifico dos posturas que parecen irreconciliables. Una, la del movimiento feminista, que ve necesaria la protesta en la que se justifica el ataque a oficinas, mobiliario urbano, e incluso monumentos con valor histórico o artístico. El argumento es que es necesaria ese tipo de protesta, porque por la vía institucional no hay respuesta o incluso sucede lo contrario: quienes sufren de violencia pasan por un segundo proceso de victimización.
Bajo esa perspectiva, la manifestación no puede ser considerada violenta, pues la vida de una mujer y su derecho a vivir libre de cualquier agresión es superior al valor que puede tener cualquier edificio o monumento, que al final se quedan en el ámbito material.
La segunda postura es la que descalifica de antemano la protesta que ataca la infraestructura pública como medio para visibilizar la violencia de género. Y bajo esa perspectiva, se encuentran las instituciones en Hidalgo, tanto el gobierno estatal como los municipales.
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Lo que ocurrió el pasado 8M en Pachuca puso en aprietos al gobierno encabezado por Julio Menchaca, pues al ser emanado de un partido de izquierda, se espera una postura que secunde la lucha de un sector cuyas demandas fueron mandadas al cajón del olvido durante los gobiernos de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).
El problema es que, como argumentó el gobernador Julio Menchaca en entrevista, su gobierno también tiene la obligación de velar por preservar el patrimonio estatal.
Desde luego, la prioridad de un Estado debe ser velar porque las mujeres vivan libres de violencia y en eso las instituciones han fallado estrepitosamente. Los casos más recientes de Bárbara Cajero y Rosaura son solo un ejemplo de como el Estado falló, desde los gobiernos municipales, pasando por el estatal, y también el poder judicial.
Durante la manifestación del pasado 8M también fue evidente que las fuerzas policiacas carecen de protocolos para actuar en situaciones como las que se vivieron el pasado sábado. No sólo porque hubo lesionados tanto del lado de quienes participaban en las protestas, sino que también fueron heridos periodistas y mujeres policías que resguardaban las puertas de la sede del poder ejecutivo estatal.
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La pasada manifestación del 8M dejó claro que a las instituciones estatales les falta mucho trecho que recorrer para estar a la altura de las demandas del movimiento feminista y del ideal de lograr un país y un estado libre de violencia para las mujeres.
Y también, en ese río revuelto, quedó en evidencia que hay grupos que buscan sacar provecho con fines aviesos. La presencia de un grupo de choque, denunciado por las propias activistas, debe ser investigada a fondo.
Debe aclararse si su presencia obedece a una estrategia para debilitar al movimiento feminista, o si se trata de una maniobra echada a andar desde el propio gobierno, que de confirmarse, emparentaría al autor con métodos arcaicos propios de gobiernos como los de Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría.
Por fortuna, el propio gobernador Julio Menchaca declaró que se investigará si hubo abuso de la policía estatal. También hay que poner atención a la queja de oficio que abrió la Comisión estatal de Derechos Humanos. Ya veremos.
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