El domingo por la tarde el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, dio a conocer a la ciudadanía la desarticulación de una banda de huachicoleros que operaba en el centro del país, incluido Hidalgo.
Por la magnitud del golpe, el anuncio tuvo repercusión nacional. Fue portada de varios periódicos, no sólo locales, sino también nacionales. En Hidalgo no pasó desapercibido, pues la entidad sigue siendo uno de los territorios más castigados por el robo de hidrocarburo, aunque en últimas fechas ha caído su participación y ya no ocupa el primer lugar nacional.
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Como parte del operativo policíaco, fueron detenidos dos líderes de la banda criminal que operaba en Hidalgo, Estado de México y Querétaro. Se trata de Cirio Sergio “N” y Luis Miguel “N”, quienes coordinaban una estructura especializada en robar gas LP y gasolina.
El encargado de la plaza en Hidalgo era Luis Miguel “N”, conocido también como “El Flaco de Oro”, y quien se encargaba del traslado de hidrocarburo tanto a nuestra entidad como a Querétaro.
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Entre la información que dio a conocer García Harfuch el domingo, destaca que la red criminal funcionaba con la complicidad de autoridades, lo que les permitía operar con toda impunidad.
Las revelaciones fueron confirmadas por el gobernador Julio Menchaca, quien declaró en entrevista que en la red huachicolera podrían estar involucrados exfuncionarios del poder ejecutivo estatal.
El mandatario no quiso abundar en detalles, pero de confirmarse la participación de exempleados de gobierno, estaríamos ante un hecho grave que explicaría por qué durante el sexenio pasado el robo de combustible simplemente floreció en varias regiones de la entidad.
El gobernador pidió dejar avanzar las investigaciones y anticipó que, una vez que hablen los detenidos, la información fluirá por medio de las autoridades encargadas del caso, es decir, por voz del propio García Harfuch o del fiscal general, Alejandro Gertz.
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Lo que se platicaba en corto durante reuniones familiares o con amigos, cuando se hablaba del huachicoleo en Hidalgo, pronto podría confirmarse mediante una investigación formal. Ojalá que de verdad se castigue a quien se tenga que castigar por permitir que un delito tan pernicioso se propagara como un cáncer terminal por varias regiones de la entidad.
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