El Congreso del Estado de Hidalgo aprobó, en sesión ordinaria, una reforma al Poder Judicial estatal con 25 votos a favor, cinco en contra y cero abstenciones. Esta modificación, impulsada por la primera Comisión Permanente de Legislación y Puntos Constitucionales, tiene como objetivo modernizar el sistema judicial mediante la elección popular de jueces y magistrados, promover el acceso equitativo a la justicia, garantizar la transparencia y fortalecer las instituciones.
La diputada Mónica Leanett Reyes Martínez, del partido Nueva Alianza, destacó que la reforma fortalecerá la democracia y garantizará una administración de justicia más accesible. Señaló que uno de los principales objetivos es eliminar las barreras que dificultan la participación efectiva de la ciudadanía en el sistema judicial, especialmente para los grupos vulnerables y marginados.
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Por su parte, el diputado Andrés Velázquez Vázquez, de Morena, calificó la aprobación como un paso decisivo para acercar el Poder Judicial al pueblo. Afirmó que el nuevo sistema garantizará juicios justos y una defensa efectiva para todas las personas, sin importar su origen o condición, en consonancia con los principios de la Cuarta Transformación.
Sin embargo, no todos los legisladores estuvieron de acuerdo con la reforma. La diputada Claudia Lilia Luna Islas, del PAN, expresó su preocupación por la rapidez del proceso y la ausencia de un parlamento abierto que permitiera una discusión más amplia y participativa. Lamentó que no se llevara a cabo un ejercicio de consulta para escuchar las opiniones de quienes están involucrados en el ámbito judicial.
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Con la aprobación de esta reforma, se prevé que la elección de 111 jueces y 21 magistrados en Hidalgo se realice en 2027, marcando un hito en la historia judicial de la entidad al incorporar la participación ciudadana directa en la designación de autoridades judiciales.
Esta iniciativa se enmarca en una serie de reformas judiciales a nivel nacional que buscan transformar la impartición de justicia en México, aunque han generado debates sobre su implementación y posibles implicaciones en la independencia judicial.
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