Lo que tienes que saber
- Se trata de 17 kilómetros de pendiente continua que de forma letal combina la falta de inspección mecánica, exceso de confianza de los operadores, escasa educación vial y una circulación constante de unidades de carga pesada, dejando como resultado una estadística que se renueva cada año y que mantiene en alerta permanente a comerciantes, automovilistas y habitantes de zonas habitacionales cercanas.
- Con el arranque de la administración actual, encabezada por la alcaldesa Lorena García Cázares, se implementaron operativos de seguridad intermitentes en coordinación con la Guardia Nacional y las direcciones de Movilidad y Transporte de Tulancingo y Santiago Tulantepec.
- Ahora la pregunta será si los proyectos llegarán a tiempo y si serán suficientes, porque más allá de infraestructura, no estará de más una política contundente de supervisión mecánica, sanción efectiva y capacitación a operadores que priorice la vida sobre la muerte.
En apenas 12 días de iniciado 2026, la carretera federal México–Tuxpan volvió a confirmar una verdad incómoda para Tulancingo: la llamada “bajada de la muerte” no es un apodo exagerado, sino el reflejo de una problemática que ninguna administración ha logrado resolver de fondo. Dos incidentes vehiculares, protagonizados por unidades de carga pesada, bastaron para reinstalar el debate sobre la seguridad vial en uno de los tramos más peligrosos del estado de Hidalgo.
Se trata de 17 kilómetros de pendiente continua que de forma letal combina la falta de inspección mecánica, exceso de confianza de los operadores, escasa educación vial y una circulación constante de unidades de carga pesada, dejando como resultado una estadística que se renueva cada año y que mantiene en alerta permanente a comerciantes, automovilistas y habitantes de zonas habitacionales cercanas.
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El primer accidente de 2026 ocurrió al mediodía del miércoles 8 de enero, cuando un tractocamión, presuntamente sin frenos, se impactó contra un muro. Aunque el saldo fue únicamente material, el incidente volvió a evidenciar las condiciones mecánicas deficientes con las que circulan muchas unidades. Horas más tarde, a la altura del Hospital General de Tulancingo, un segundo hecho elevó el nivel de gravedad: tras una persecución policial, un tractocamión con reporte de robo en Tecámac, Estado de México, chocó contra un vehículo particular y volcó, dejando cuatro personas lesionadas.
No se trata de hechos aislados, sino episodios que se repiten con lamentable regularidad y que exhiben la ausencia de una política integral de prevención. A lo largo de distintas administraciones municipales y estatales, se han planteado estrategias que, hasta ahora, solo rayan en recursos parciales: topes, rampas de frenado, restricciones horarias para el transporte pesado o desvíos temporales de carga.
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Estas propuestas contrastan con la necesidad laboral de empresarios del transporte y dueños de talleres que se ubican a lo largo del corredor vial San José, quienes advierten que desviar el tránsito pesado hacia otras rutas implicaría pérdidas económicas considerables. El dilema es recurrente: seguridad pública frente a intereses económicos.
Durante la administración de Jorge Márquez se avanzó en una alternativa de mayor alcance con el proyecto ejecutivo del bulevar Doroteo Arango, que contemplaba desviar el tránsito pesado desde el Libramiento Pitula hacia San Nicolás y Valle Verde; sin embargo, el proyecto no se concretó y quedó como uno más en la lista de soluciones inconclusas.
Con el arranque de la administración actual, encabezada por la alcaldesa Lorena García Cázares, se implementaron operativos de seguridad intermitentes en coordinación con la Guardia Nacional y las direcciones de Movilidad y Transporte de Tulancingo y Santiago Tulantepec.
Para finales de 2025 se anunció la ampliación del distribuidor Pitula–San Alejo, un proyecto federal que se tiene previsto iniciar este mes y se extenderá hasta la zona de Huauchinango. El cuarto carril, construido con concreto hidráulico, se desarrollará en un periodo estimado de dos años.
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Ahora la pregunta será si los proyectos llegarán a tiempo y si serán suficientes, porque más allá de infraestructura, no estará de más una política contundente de supervisión mecánica, sanción efectiva y capacitación a operadores que priorice la vida sobre la muerte.
