Expedientes de Tlahuelilpan, públicos hasta 2027

Lo que tienes que saber

Esta columna solicitó en marzo de 2022 vía transparencia la copia de la versión pública de todas las declaraciones de los testigos entrevistados por la explosión ocurrida en el ejido de San Primitivo el 18 de enero de 2019 y, a su vez, pidió a la dependencia federal omitir datos personales de las personas involucradas, como nombres y direcciones, con la finalidad de preservar solamente las narraciones previas y posteriores al incidente.
La FGR mantenía en proceso de investigación los posibles atrasos de Pemex en la atención de la fuga del combustible el día de la explosión, por lo que había solicitado la intervención de peritos del FBI con la finalidad de determinar posibles responsabilidades.
En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como parte de su informe especial sobre la explosión en Tlahuelilpan publicado en 2025, consideró que en este caso existen violaciones a las garantías individuales como protección de la salud, integridad personal, preservación del medio ambiente e inobservancia del principio del interés superior de la niñez, debido al incumplimiento del Estado Mexicano.

Luego de clasificar como reservados los expedientes por un periodo de cinco años, la Fiscalía General de la República (FGR) hará públicas en 2027 las investigaciones por la explosión de un ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex) ocurrida en Tlahuelilpan hace siete años, con saldo de 137 personas muertas, así como 194 niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad.

Esta columna solicitó en marzo de 2022 vía transparencia la copia de la versión pública de todas las declaraciones de los testigos entrevistados por la explosión ocurrida en el ejido de San Primitivo el 18 de enero de 2019 y, a su vez, pidió a la dependencia federal omitir datos personales de las personas involucradas, como nombres y direcciones, con la finalidad de preservar solamente las narraciones previas y posteriores al incidente.

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Sin embargo, la dependencia federal respondió que revelar información afectaría la investigación contra integrantes de la delincuencia; a su vez, perjudicaría la vinculación a proceso y en consecuencia la acusación contra el imputado y la reparación del daño, además de que disminuiría la capacidad de allegarse de elementos para esclarecer los hechos.

La FGR detalló que la carpeta de investigación FED/HGO/TULA/0000228/2019 sigue en integración y fue clasificada como reservada “hasta por un periodo de cinco años, o bien, hasta que las causas que dieron origen a su clasificación subsistan”.

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Dicha dependencia identificó a las personas que convocaron a la población para que acudieran a una toma clandestina en San Primitivo y quienes provocaron la explosión, además de que estableció la secuencia cronológica de los hechos junto con la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJEH).

La FGR mantenía en proceso de investigación los posibles atrasos de Pemex en la atención de la fuga del combustible el día de la explosión, por lo que había solicitado la intervención de peritos del FBI con la finalidad de determinar posibles responsabilidades. A su vez, realizó con la PGJEH 138 entrevistas, 117 dictámenes periciales, 25 informes de investigación criminal y había recibido 84 reportes de autoridades de los tres niveles de gobierno.

En tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), como parte de su informe especial sobre la explosión en Tlahuelilpan publicado en 2025, consideró que en este caso existen violaciones a las garantías individuales como protección de la salud, integridad personal, preservación del medio ambiente e inobservancia del principio del interés superior de la niñez, debido al incumplimiento del Estado Mexicano.

Tampoco se garantizó el acceso a la reparación integral del daño, remediación ambiental, seguimiento médico y psicológico, y medidas de atención permanente como forma de restablecer la dignidad de las personas involucradas.

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“Por el contrario, las personas han sido estigmatizadas y criminalizadas debido a la incapacidad institucional del Estado para garantizar el goce y la protección de los derechos humanos”, señala el informe.

El organismo agregó que la explosión representó un gasto para las autoridades de 85.57 millones de pesos derivado de la atención de la emergencia, acompañamiento gubernamental, contención del derrame de combustible y reparación del ducto.

La CNDH argumenta que Sedena y Pemex “generaron impactos negativos, debido a los ajustes logísticos en la distribución del hidrocarburo por el cierre de ductos y su transporte a través de pipas. Aunque se trató de una estrategia novedosa para combatir la corrupción, no contempló el desabasto inicial ni consideró medidas relacionadas con la protección de la salud o los daños ocasionados al medio ambiente”, esto, como parte del plan conjunto del gobierno federal para combatir el huachicol.