Lo que tienes que saber
- La inconformidad social vuelve a tomar fuerza en Tasquillo, donde habitantes y organizaciones locales convocaron a la Tercera Marcha Pacífica para reiterar su rechazo a la posible construcción de un Centro de Readaptación Social, CERESO, en el municipio.
- En las últimas semanas, el anuncio del posible proyecto ha detonado inquietud, inconformidad y movilización social, pese a que autoridades estatales han señalado que la propuesta aún está en etapa de análisis y que no existe una decisión final.
- Cualquier proyecto de alto impacto social, ambiental y territorial debe ser sometido a consulta pública, con transparencia en la información y acceso a estudios técnicos y ambientales, elementos que consideran obligatorios y no concesiones.
Habitantes de Tasquillo han convocado a marchar por tercera vez contra el proyecto de construcción de un Centro de Readaptación Social (CERESO).
La inconformidad social vuelve a tomar fuerza en Tasquillo, donde habitantes y organizaciones locales convocaron a la Tercera Marcha Pacífica para reiterar su rechazo a la posible construcción de un Centro de Readaptación Social, CERESO, en el municipio.
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Bajo la consigna “La lucha aún no termina”, la movilización busca una respuesta clara y por escrito de las autoridades estatales.
Tercera marcha pacífica
La convocatoria, impulsada por Tasquillo Unido y el Comité de Lucha, llama a la participación ciudadana este sábado 31 de enero de 2026, a las 4:30 de la tarde, con punto de partida frente a la cancha de Calvario Bajo.
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El principal planteamiento es directo: exigir al gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca, un documento firmado y sellado que garantice que en Tasquillo no se construirá el CERESO, al considerar que “las palabras se las lleva el viento”.
En las últimas semanas, el anuncio del posible proyecto ha detonado inquietud, inconformidad y movilización social, pese a que autoridades estatales han señalado que la propuesta aún está en etapa de análisis y que no existe una decisión final. Para la población, la sola posibilidad ha encendido las alertas en una región que arrastra rezagos históricos.
Cualquier proyecto de alto impacto social, ambiental y territorial debe ser sometido a consulta pública, con transparencia en la información y acceso a estudios técnicos y ambientales, elementos que consideran obligatorios y no concesiones.
La falta de claridad sobre permisos, impacto ambiental, uso de suelo y manejo de recursos naturales ha profundizado la desconfianza y el conflicto social.
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Un centro penitenciario implicaría presión sobre los servicios básicos, como consumo de agua, manejo de residuos sólidos, generación de aguas residuales, incremento del tránsito y transformación del uso de suelo. En un municipio con limitaciones en infraestructura y gestión ambiental, la exigencia es evaluar rigurosamente los impactos antes de cualquier avance.
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