Congreso de Hidalgo avala plan B electoral con ajustes clave

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Con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron la minuta que reforma los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como el “plan B electoral”, desatando un debate entre visiones encontradas sobre su alcance.
Por su parte, el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) defendió que la reforma busca eliminar excesos y garantizar que el recurso público se destine a infraestructura municipal, mientras que el legislador Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) coincidió en la necesidad de contar con instituciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía.
En el cierre del posicionamiento, Diana Rangel Zúñiga insistió en que se trata de avanzar hacia un modelo de austeridad republicana, mientras que desde la bancada de Nueva Alianza, la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez respaldó la iniciativa, aunque señaló que llegó incompleta respecto al proyecto original.

El plan B electoral fue aprobado en el Congreso de Hidalgo, entre posturas encontradas fija restricciones para evitar vínculos familiares o de pareja recientes entre quienes busquen cargos.

Con 25 votos a favor, tres en contra y cero abstenciones, diputadas y diputados de la LXVI Legislatura del Congreso de Hidalgo aprobaron la minuta que reforma los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conocida como el “plan B electoral”, desatando un debate entre visiones encontradas sobre su alcance.

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La diputada Diana Rangel Zúñiga (Morena) explicó que la reforma establece que cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elección popular directa, integrado por una presidencia municipal, una sindicatura y hasta 15 regidurías, además de fijar restricciones para evitar vínculos familiares o de pareja recientes entre quienes busquen cargos.

Otro de los puntos centrales es que las legislaturas locales no podrán exceder el 0.70 por ciento del Presupuesto de Egresos estatal, una medida que apunta a la contención del gasto público.

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Desde la oposición, la diputada Karla Perales Arrieta (MC) cuestionó el alcance de la reforma al señalar que “no es una reforma electoral, sino una reforma administrativa que no resuelve los problemas estructurales de la democracia”. En la misma línea, el legislador Marco Antonio Mendoza Bustamante (PRI) advirtió sobre posibles efectos en la representación de pueblos indígenas dentro de los ayuntamientos.

En contraste, la diputada Hilda Miranda Miranda (Morena) defendió la propuesta al considerarla un cambio hacia un ejercicio legislativo sin privilegios, mientras que el diputado Juan Pablo Escalante Urbán (Morena) sostuvo que limitar el número de cargos permitirá ahorrar recursos y hacer más eficientes los ayuntamientos.

El debate también incluyó cuestionamientos sobre el proceso legislativo. La diputada Claudia Lilia Luna Islas (PAN) criticó la falta de análisis previo, señalando que la minuta sufrió modificaciones en instancias federales que no se replicaron a nivel local.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Moreno Zamora (Morena) defendió que la reforma busca eliminar excesos y garantizar que el recurso público se destine a infraestructura municipal, mientras que el legislador Carlos Alejandro Alcántara Carbajal (MC) coincidió en la necesidad de contar con instituciones más eficientes y cercanas a la ciudadanía.

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En el cierre del posicionamiento, Diana Rangel Zúñiga insistió en que se trata de avanzar hacia un modelo de austeridad republicana, mientras que desde la bancada de Nueva Alianza, la diputada Mónica Leanett Reyes Martínez respaldó la iniciativa, aunque señaló que llegó incompleta respecto al proyecto original.

Más allá del tema electoral, el Congreso también aprobó por unanimidad (28 votos) un paquete de reformas para fortalecer la protección de niñas, niños y adolescentes, que incluye la creación de procuradurías municipales especializadas.

La diputada Lizbeth Iraís Ordaz Islas (Morena) explicó que estas modificaciones buscan ampliar las garantías de protección, establecer medidas especiales y reforzar la atención institucional a la niñez y adolescencia en Hidalgo, en un contexto donde la agenda legislativa combina ajustes políticos con temas de impacto social directo.