Hidalgo se encuentra ubicado entre los cinco estados con mayor brecha en puntos porcentuales en cuanto a informalidad laboral por sexo: Nuevo León (6.50pp), Yucatán (6.08pp), Hidalgo (5.87pp), Coahuila (5.38pp) y Colima (4.97pp).
Es preocupante así mismo, que más de la mitad de la población mexicana económicamente activa viva en la informalidad laboral, dentro de una tasa total del 54.8% en el segundo trimestre de este año, mayor a la del trimestre anterior (54.3%), y a su comparación anual (también 54.3%).
Esto representa no pago de impuestos, no acceso a servicios de salud, ni a vivienda, a pensiones, entre otros beneficios, pero también obligaciones.
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La informalidad laboral afecta en mayor medida a las mujeres. En el segundo trimestre de 2025, la tasa de informalidad a nivel nacional para las mujeres fue de 55.3% y de 54.5% para los hombres.
La medición de la informalidad laboral nos indica que, en estados como Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Tlaxcala y Puebla, se registraron tasas de informalidad laboral por encima del 71%, y en entidades como Nuevo León, Coahuila, Chihuahua, Baja California Sur y Baja California, las tasas de informalidad se colocaron entre 33.7% y 38.4% de su población ocupada.
En el segundo trimestre de este año, en 22 de 32 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres que para los hombres, y como se dijo, esa brecha en Hidalgo es de (5.87pp), la tercera más alta en el país.
En ese panorama de la informalidad laboral en nuestro país, la organización civil México ¿Cómo Vamos? analiza que, una falla estructural del mercado laboral mexicano es la causa de esta alta informalidad laboral. Y estas cifras se difunden con el propósito de coadyuvar para la corrección de las políticas públicas del gobierno en ese sentido.
La informalidad laboral congrega a aquellos trabajadores cuyo empleo no les proporciona un vínculo laboral reconocido ni les garantiza el cumplimiento de sus derechos laborales, los cuales incluyen el acceso a una pensión para la vejez, acceso a servicios de salud, el cumplimiento de una jornada laboral, liquidación y vacaciones por ley, entre otras prestaciones.
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Los trabajadores con una ocupación informal pueden estar empleados en negocios informales, no registrados ante las autoridades, o en negocios formales que, no obstante, no les proporcionan un vínculo laboral reconocido ante la ley.
El ingreso promedio de un empleo formal es casi el doble que el de un empleo informal, por lo que no sorprende que una menor informalidad laboral está asociada con una menor pobreza laboral en los hogares.
Además de implicar menores ingresos, la informalidad está estrechamente relacionada con los niveles de pobreza laboral en cada región.
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Estados como Chiapas, Oaxaca y Guerrero no solo presentan los niveles más altos de pobreza laboral del país, sino también las mayores proporciones de trabajadoras y trabajadores en la informalidad.
En contraste, entidades como Baja California Sur, Baja California, Nuevo León, Chihuahua y Coahuila —donde la pobreza laboral es menor— también registran las tasas más bajas de informalidad laboral.
Lo anterior deja en evidencia que las variables económicas están correlacionadas: cuando una región tiene carencias en materia de infraestructura y vulnerabilidad de la población, estas se reflejan en diversos aspectos socioeconómicos, como la pobreza y la informalidad laboral.
El Semáforo Económico de informalidad laboral –cuya meta es disminuir el empleo informal al 25% o menos– se encuentra en rojo.
Cabe destacar que, a excepción de la pandemia, cuando la tasa de informalidad alcanzó un nivel de 50.9% en el segundo trimestre de 2020 (en el contexto de una pérdida pronunciada de empleos informales y una mayor protección de los trabajadores con vínculos formales), la tasa ha sido mayor a 54% desde que se tiene registro, lo cual refleja la persistencia del problema en el mercado laboral mexicano.
En 22 de las 32 entidades la tasa de informalidad laboral es mayor para las mujeres. Oaxaca presenta la tasa de informalidad más alta para mujeres (79.3%) y Chiapas la mayor para hombres (80.02%).
Estos datos indican desafíos importantes para el Gobierno de la República y para las cámaras empresariales.
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