México enfrenta una grave crisis de seguridad vial: cada año mueren alrededor de 16,000 personas por siniestros viales, sin que exista un marco normativo actualizado que proteja efectivamente a todos los usuarios de la vía.
La alertan surge de la falta de armonización entre el marco normativo de seguridad vehicular y la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV), una deuda pendiente del Estado mexicano.
Cada día de inacción se traduce en pérdidas económicas, lesiones y, lo más grave, más muertes evitables.
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Ante esta emergencia, las organizaciones El Poder del Consumidor, Salud Justa MX, Coalición Movilidad Segura y el Programa de Evaluación de Vehículos Nuevos para América Latina y El Caribe (Latin NCAP), reclaman la acción de las autoridades competentes, basándose en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI):
En 2022 se reportaron 15 mil 986 muertes relacionadas con siniestros viales, y en tan solo tres años, más de 1.6 millones de personas sufrieron lesiones por esta causa según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2021-2023.
Esta misma fuente señala que el 30% de quienes sobrevivieron a un hecho vial (alrededor de 475 mil 640 personas), vive con secuelas físicas o mentales crónicas.
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El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), estima que en 2018 los siniestros viales tuvieron un costo total de entre 174 y 204 mil millones de pesos (mmdp), equivalente al 0.78 0.92% del PIB.
De esta cifra, entre 111 y 121 mmdp corresponden a los costos humanos (no materiales) asociados al sufrimiento, dolor y pérdida de las víctimas y sus familias.
Areli Carreón, integrante de la Coalición Movilidad Segura, advirtió que, “la falta de regulación y fiscalización deja a la ciudadanía expuesta a vehículos de baja seguridad, en un entorno de movilidad hostil”.
Cada día que pasa sin actualizar las normas, se perpetúa la violencia vial estructural que afecta a quienes menos protección tienen. Se trata de una omisión que puede y debe ser corregida en el corto plazo, pues tenemos todas las bases, el conocimiento y la argumentación necesarias para avanzar en los procesos de armonización”.
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Los representantes de las organizaciones civiles reconocieron que la LGMSV, promulgada en 2022, marcó un avance histórico al garantizar el derecho a una movilidad segura, incluyente y accesible. Sin embargo, advirtieron que, hasta ahora, la falta de armonización normativa ha impedido su implementación efectiva.
Stephan Brodziak, coordinador de la campaña de seguridad vehicular de El Poder del Consumidor, indicó: “esta parálisis se refleja especialmente en la NOM-194,4 norma que regula los dispositivos mínimos de seguridad con los que deben contar los vehículos nuevos comercializados en México, puesto que no ha sido actualizada y es omisa en protección de usuarios vulnerables: peatones, ciclistas, motociclistas, niñas, niños y personas con discapacidad, siendo que existen, por ejemplo, tecnologías como el estándar de protección a peatones, implementado desde hace décadas en la Unión Europea y el frenado autónomo de emergencia, que aún no son obligatorias en México.
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