El río Tula ya no puede ser solo un desagüe

Hace poco más de una semana se cumplieron cuatro años de la inundación del 6 y 7 de septiembre de 2021 en Tula, hecho que puso en evidencia un problema que durante décadas se había normalizado: el Valle del Mezquital convertido en el desagüe de la Ciudad de México.

El desbordamiento del río y la inundación de colonias enteras en Tula y otros municipios del Valle del Mezquital dejaron más de 30 mil damnificados, pérdidas materiales incalculables y un hospital del IMSS anegado en el peor momento. El costo humano y social fue demasiado alto para seguir confiando en un modelo que desplaza los riesgos de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) hacia comunidades vulnerables.

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Desde que sucedió la tragedia, e incluso antes, el gobierno federal, a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se ha enfocado en obras de encauzamiento y revestimiento del río Tula. Sin embargo, estas medidas son insuficientes y, en ocasiones, contraproducentes: el concreto acelera el desalojo del agua, degrada los ecosistemas ribereños y traslada el peligro a otras comunidades aguas abajo. La experiencia reciente demuestra que no basta con intentar contener el agua; es necesario replantear la forma en que se administran las aguas residuales en el Valle de México.

Por fortuna, en este 2025, que ha sido especialmente lluvioso, la tragedia de 2021 se ha podido evitar. Pero, ¿por cuánto tiempo?

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Diversos especialistas y colectivos han planteado un camino distinto. Llevar el tratamiento de aguas a la propia Ciudad de México y su zona conurbada para reducir el volumen que se envía al río Tula. La idea es que se reutilice el agua desde su origen, de manera que el agua tratada se aproveche en agricultura, industria y recarga de acuíferos sin necesidad de descargarla en el Mezquital.

Otra idea es apostar por soluciones basadas en la naturaleza, mediante la creación de humedales artificiales, que además de filtrar contaminantes, permitan que los ríos se vuelvan resistentes. Las ideas parecen complejas en un entorno urbano como el de la ZMVM, pero no intentar hacer algo distinto replicará el sistema que llevó a la tragedia de septiembre de 2021.

También se necesita transparencia y justicia ambiental. La operación de presas y drenajes requiere protocolos claros y sistemas de alerta temprana que protejan a las poblaciones ribereñas. Y sobre todo, la toma de decisiones debe incluir a quienes viven con las consecuencias de este modelo: las comunidades del Mezquital. En 2021 se tomaron decisiones técnicas y políticas que costaron el patrimonio de miles de personas. Esa discrecionalidad no puede continuar. La zozobra no debe ser normalizada para miles de personas.

El río Tula no puede seguir siendo visto como un simple canal de desechos. Es un ecosistema vivo y un eje de bienestar para miles de personas. Apostar por un nuevo paradigma de administración del agua no es solo una necesidad técnica: es un deber ético y social. La inundación de 2021 fue una advertencia. Ignorarla sería condenar a las comunidades a repetir la tragedia.