Un día sí y otro también, Hidalgo está presente en la agenda de la presidenta Claudia Sheinbaum, y este lunes volvió a hablar de la situación ambiental en Tula, en específico sobre su plan para que esa región deje de ser un infierno ambiental. No obstante, su insistencia sobre el tema debería reforzarse con una campaña informativa dirigida a la población que se vería beneficiada por esta política federal.
La presidenta explicó los alcances del denominado “Plan integral de cuidado al medio ambiente en Hidalgo”, que tiene previsto el saneamiento del Río Tula, la reconversión industrial de la planta termoeléctrica Francisco Pérez Ríos, y la reconfiguración de la refinería Miguel Hidalgo, donde se prevé echar a andar la planta coquizadora “para minimizar los impactos ambientales”.
Un ingrediente innovador, donde se puede distinguir la diferencia de contar con una presidenta con el perfil de Claudia Sheinbaum, es la creación de un Centro de Economía Circular que permitirá reciclar la basura.
Según explicó la mandataria, el Centro de Economía Circular busca que “la basura pueda ser pasada por plantas de separación y convertir los residuos orgánicos en carbón vegetal, como parte de las innovaciones para aprovechar estos desechos”.
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La economía circular se opone al modelo tradicional lineal de “tomar, usar y desechar” y promueve un sistema regenerativo donde los materiales y productos se reutilizan, reparan, reciclan y reintegran en la economía. Esta visión sobre la economía no es nueva, pero hasta este siglo se empezó a promover como política pública.
En ese sentido, valdría la pena que instituciones como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) llevaran a cabo un plan para aterrizar este proyecto entre los lugareños, que en el caso de la región Tula, han sido especialmente maltratados por las políticas federales desde hace décadas.
Hay que recordar que en octubre pasado organizaciones no gubernamentales, activistas y académicos hicieron públicas sus inquietudes respecto a este último proyecto y solicitaron una audiencia a la titular de la Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, para que explique sus alcances.
Quieren que se informe a las comunidades involucradas y que se garantice que el proyecto no promueva ni permita la incineración y el coprocesamiento “como mecanismo de gestión de los residuos bajo el disfraz/maquillaje verde de economía circular”.
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Por eso la comunicación es un factor determinante para que el plan avance. No olvidemos que otros proyectos relacionados con el aprovechamiento de residuos han naufragado porque no ha habido claridad sobre su origen ni su alcance.
Ejemplos tenemos muchos, pero uno de los más notables ocurrió en el sexenio de Omar Fayad, cuando personal de la Semarnat clausuró el Centro Regional de Tratamiento de Residuos Sólidos, ubicado en Atitalaquia, luego de que en el acceso a la planta fue asesinado el activista Jesús Bañuelos Acevedo quien se oponía al funcionamiento del lugar.
La resistencia a esa planta fue, entre otras razones, por la opacidad con que funcionaba el centro de confinamiento de desechos de la empresa Ecological Solution México (ESMEX), que nunca hizo públicos sus permisos ni manifiesto de impacto ambiental.
Hoy que el plan del gobierno federal promete un alivio para el infierno ambiental que se vive en Tula, es menester explicarle los detalles a la población. No vaya a ser que el proyecto naufrague por la falta de claridad.
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