No puede pasar desapercibido el tiempo en que se hacen públicas y se llevan a cabo detenciones contra involucrados en investigaciones por supuestos actos de corrupción sucedidos en pasadas administraciones del ayuntamiento de Pachuca.
Las acciones judiciales coinciden con la actual temporada electoral, donde abundan los aspirantes que no pueden ocultar su amor por Pachuca y que están ansiosos por servir a quienes viven en la capital del estado.
La que más ha llamado la atención es la investigación que enfrenta el exalcalde de Pachuca, Eleazar García, quien es acusado de firmar 12 convenios sin la autorización del Cabildo, lo que provocó un daño a la administración pública por 37 millones 476 mil pesos.
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Por supuesto que la ciudadanía pachuqueña merece saber o que se lleve a la justicia a quien podría haber ocasionado un perjuicio a las finanzas públicas cercano a los 40 millones de pesos, pero resulta por lo menos extraño que se hayan dado cuenta casi ocho años después, pues recordemos que el alcalde que el PRI presentó como ciudadano durante su campaña gobernó la ciudad entre 2012 y 2016.
¿No hubo auditorías del 2016 al 2023 donde hayan saltado las irregularidades que hoy tienen al exalcalde en prisión preventiva justificada sospechoso de peculado?
Otro caso que se hizo público el pasado 12 de febrero ocurrió durante la administración encabezada por la panista Yolanda Tellería, donde se habrían otorgado licencias de funcionamiento falsas, según investigaciones en curso que involucran a Leonardo Escudero Sánchez, exdirector de Reglamentos y Espectáculos.
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De manera discreta se dio a conocer que el exfuncionario fue vinculado a proceso, aunque la falta por la que se le investiga no implicó prisión y por tanto permanecerá en libertad.
Fue el actual titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Pachuca, Ricardo Rivera Barquín, quien dio detalles sobre las irregularidades en el otorgamiento de 26 licencias de funcionamiento en 2019.
El funcionario del gobierno que encabeza el expriista Sergio Baños explicó que las licencias que se otorgaron durante la administración panista se tramitaron con folios que no deberían existir. El problema es que quienes recibieron esas licencias hoy no pueden renovarlas porque se consideran falsas. Hoy la bomba explotó, y el ayuntamiento enfrenta un problema que se engendró hace cuatro años.
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Nuevamente: ¿por qué hasta ahora se detectaron esas trapacerías?
Falta ver que las causas penales en curso no sean solo llamarada de petate, pues recordemos que la exalcaldesa Yolanda Tellería libró un proceso en su contra el año pasado, al sobreseer la causa penal en la que estaba señalada por uso ilícito de atribuciones y facultades.
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