Transporte público, alcantarilla sin fondo…

Lo que tienes que saber

Ayer, a casi ocho días de que ocurrió la tragedia, nuevamente la voz del mandatario se volvió a escuchar, pero esta vez para anunciar que el propietario de la Urvan colectiva podría perder la concesión, por la falta del seguro vehicular.
El del bulevar Minero, es sólo un grano de arena que ejemplifica la situación que existe no únicamente en Pachuca, sino en todas las regiones del estado, con el transporte público, trátese de taxis o colectivas, sean estas últimas Urvans o camionetas rurales.
Los pocos que cuentan con un seguro, lo tienen registrado como de uso particular, no de servicio público, y en caso de algún siniestro, el seguro se invalida en automático, es decir, no ampara a los usuarios.

A principios de este mes, concretamente el 6 de mayo, en este mismo espacio se habló sobre el transporte público y la mafia que lo domina, y por consecuencia, se enriquece con él.

No pensé escribir una segunda columna en tan corto tiempo, pero las circunstancias me obligan a hacerlo, luego del accidente de una Urvan donde dos personas perdieron la vida -entre ellas una joven universitaria-, le semana pasada, en el bulevar Minero, en Pachuca.

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Dos fallecidos y 14 ó 15 lesionados, tres de ellos de gravedad, fue el saldo del lamentable suceso.

El hecho ya es de conocimiento público. Las consecuencias, también. Y el abandono en el que estuvieron mínimo tres días los heridos y sus familias, hay que hacerlo público.

Y todo por una sencilla razón: La Urvan de transporte público no tenía seguro para casos de accidente, que es obligatorio por ley.

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Lo anterior, sin considerar si tuvo o no la culpa el chofer -que por cierto es menor de edad-, y que con ello también se violó la legalidad.

Quien haya tenido la culpa, o no, la realidad de las cosas es que, mientras peritos resuelven el caso, los pasajeros debieron ser atendidos no únicamente con prontitud, sino con calidad y calidez.

No fue así. Tres días después, nadie los había contactado, y menos les habían dicho quién se iba a hacer responsable de los gastos médicos. Lo anterior quedó en evidencia en redes sociales, donde familiares externaron su preocupación por el abandono que sufrieron.

Nuevamente -ante la ineficiencia de sus colaboradores-, fue hasta que el gobernador Julio Menchaca Salazar intervino para anunciar que se les atendería, independientemente si la unidad de transporte público traía o no el seguro contra accidentes.

Eso, luego de tres días en que, no sólo familiares, sino los propios heridos, vivieron momentos de angustia e incertidumbre.

Ayer, a casi ocho días de que ocurrió la tragedia, nuevamente la voz del mandatario se volvió a escuchar, pero esta vez para anunciar que el propietario de la Urvan colectiva podría perder la concesión, por la falta del seguro vehicular.

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El del bulevar Minero, es sólo un grano de arena que ejemplifica la situación que existe no únicamente en Pachuca, sino en todas las regiones del estado, con el transporte público, trátese de taxis o colectivas, sean estas últimas Urvans o camionetas rurales.

Un ejemplo muy claro, real, con cifras oficiales que fueron entregadas a este columnista, se aborda para que se dé a conocer la gravedad del problema en la región Huasteca.

Más de mil unidades de transporte público son irregulares en la región, en nueve municipios.

Sí, más de mil vehículos no cuentan con el permiso correspondiente para brindar el servicio. Es decir, lo hacen fuera de la ley.

¿Qué quiere decir irregulares?, pues que no tienen concesión y, lo que es peor, tampoco tienen un seguro que ampare a los usuarios en caso de algún accidente.

Sí, así como lo leé usted. Más de mil vehículos que dan servicio de transporte público, lo hacen fuera de la ley, dejando completamente desprotegidos a los pasajeros, en caso de algún accidente.

Los pocos que cuentan con un seguro, lo tienen registrado como de uso particular, no de servicio público, y en caso de algún siniestro, el seguro se invalida en automático, es decir, no ampara a los usuarios.

Un problema grave que ha sido solapado por años, por no decir que, por sexenios, no únicamente en la región Huasteca, sino también en la Otomí-Tepehua, Valle del Mezquital, Sierra Gorda, Sierra Alta y Altiplano.

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Todo al amparo de organizaciones que, con descaro y fuera de la ley, cobran jugosas tarifas a particulares que desean incorporar sus unidades al servicio público, sin que cumplan las características mínimas que la normatividad exige.

Evidencia que deja a la luz pública el grave problema que existe en el transporte público de Hidalgo, en la actualidad, convertido en una alcantarilla sin fondo donde líderes de agrupaciones y organizaciones se han convertido en millonarios.

Por ello, la pregunta es obligada: ¿Habrá que esperar a que haya más accidentes con unidades de transporte público para saber que no cuentan con el seguro contra accidentes?

Otra más: ¿Quién responderá cuando, en la Sierra o la Huasteca, una unidad de pasajeros se salga del camino y caiga a lo profundo de un barraco?

Y, para reflexión: Si en la Huasteca hay más de mil unidades de transporte público irregulares, sin concesión y sin seguro vehicular, ¿Cuántas habrá en todo el estado?

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Éstas, y otras preguntas no menos importantes, son las que deberá contestar la Secretaría de Movilidad y Transporte de Hidalgo (SEMOT), si es que quiere limpiar su imagen de ineficiencia que tiene en la presente administración gubernamental.